Procesos Crédito Bid

​La República de Colombia suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo el contrato de crédito N°2755-OC/CO cuyo objetivo consiste en “mejorar la efectividad de la gestión de la defensa jurídica del Estado para disminuir los pagos por fallos desfavorables” la ejecución del Programa comprende tres componentes:  

​I-    Apoyo a la instalación de la nueva Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

II-   Mejora de la Gestión del ciclo de defensa jurídica

III-  Fortalecimiento de la gestión de la información estratégica y del conocimiento

Son US$ 10.000.000 para ser ejecutados hasta el 30 de noviembre de 2018. El contrato se suscribió el 30 de noviembre de 2012. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado es el organismo ejecutor desde el 9 de septiembre de 2013 y el programa no tiene contrapartida.

La gestión de la defensa jurídica del Estado es un tema de insistente preocupación en Colombia y desde el año 2000 se viene discutiendo la necesidad de contar con una política pública orientada a: (i) identificar y controlar los procesos que se adelantan contra la Nación; (ii) Disponer de información sistematizada, oportuna y confiable; iii) unificar las estrategias de defensa; y (iv) determinar los criterios de actuación, seguimiento y responsabilidades en las entidades que tienen a su cargo la defensa del Estado. Al tiempo se advierte la necesidad de desarrollar una institucionalidad coherente y eficiente para atender la defensa de los intereses estatales. Fueron estos los fundamentos que se tuvieron en cuenta por parte del Gobierno Nacional para solicitar el concurso de la banca multilateral en este propósito de modernización del Estado, el cual se materializó en el crédito referido.

El proyecto tiene un inmenso reto y es posicionar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como el organismo que debe establecer un modelo de atención jurídica estandarizado para todas las entidades públicas, con estrategias de defensa definidas, que se reflejen en la disminución del impacto fiscal que hoy presenta la atención a los asuntos litigiosos del Estado.​