Bogotá, 3 de mayo de 2016. - La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se permite aclarar a la opinión pública que:
- En ningún momento ha afirmado ante el Consejo de Estado ni ante ningún otro órgano o Entidad que el Estado Colombiano no deba reparar a las víctimas por minas antipersonal. Por el contrario, la Agencia reconoce que los daños causados por estos artefactos explosivos constituyen violaciones graves a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, circunstancia que exige que las víctimas deban repararse de manera integral, sea por vía administrativa o judicial.
- La Agencia quiere resaltar ante el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo que cada caso amerita un estudio especial, pues en un contexto de conflicto armado se pueden presentar situaciones distintas teniendo en cuenta la complejidad que supone la detección, ubicación, señalización y desactivación de estos artefactos.
- Así las cosas, hay eventos en los que el Estado desconoce la ubicación de las minas, otros en los que aun con el conocimiento de la presencia de grupos armados al margen de la ley en una zona determinada y como consecuencia la posible existencia de minas, las condiciones geográficas y de seguridad impiden que el Estado pueda adoptar las medidas que se requieren para controlar ese riesgo, teniendo en cuenta que el proceso de desminado es altamente complejo y requiere de unas condiciones técnicas especiales para su desarrollo. Finalmente, habrá otros casos en los que definitivamente el Estado si puede ser responsabilizado pues conocía la situación y aun cuando tenía la posibilidad de adoptar las medidas necesarias, no actuó de manera oportuna.
- Teniendo en cuenta las anteriores complejidades, el Estado colombiano suscribió la Convención de Ottawa, consciente de que la destrucción de todas las minas no puede ser cumplida de manera inmediata. Por esta razón se estableció un plazo razonable que finaliza en el año 2021; mientras este plazo concluye el Estado está haciendo un gran esfuerzo, en la medida de sus posibilidades, por cumplir de manera efectiva con su obligación.
- En conclusión, la Agencia no aboga por una irresponsabilidad absoluta del Estado frente a esta problemática, sino que solicita de manera respetuosa que se analice cada caso en particular, dado que cada uno tiene unas particularidades especiales que ameritan un juicio detallado por parte de los jueces.
