Comunicados de Prensa

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Bogotá, 5 de marzo de 2015. – Gracias a una activa y exitosa participación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que en conjunto con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio y el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles de Colombia, trabajaron arduamente en establecer líneas de defensa efectivas, el Estado se salvó de un fallo que le ordenaba a la Nación el pago de más de 11 mil millones de pesos por la indexación de la mesada pensional de 11 ex funcionarios de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.

La exitosa intervención:

El proceso se refiere a una demanda que entablaron 11 ex funcionarios de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, quienes exigían un mayor valor en la liquidación de sus mesadas pensionales. El Ministerio de Comercio ya había pagado la suma de $1.028.968.235 por este concepto, con la respectiva inclusión en nómina para el pago de las mesadas pensionales futuras. Sin embargo, ante una petición de desacato de los demandantes, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, a través de una prueba pericial indebida pues ya había cosa juzgada, ordenó sin fundamento realizar un dictamen pericial que arrojó una suma desproporcionada de $15.424.228.677; este fue objetado por el Fondo de Pasivo de Ferrocarriles, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Agencia Nacional de Defensa.

Por estas objeciones, se ordenó un segundo dictamen, también indebido, que arrojó la suma de $11.506.762.752; esta fue la base para que los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Bolívar ordenaran que en un plazo máximo de 5 días, el Fondo cumpliera con el pago, pero teniendo en cuenta sólo este valor del segundo dictamen.

Ante esta irregularidad el Ministerio de Hacienda decidió no girar los recursos para el pago de los $11 millones del dictamen ilegal; por esta razón el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar decidió sancionarlo a tres días de arresto y una multa por no proveer los recursos. Ante lo anterior, la Agencia, los Ministerios de Hacienda y Comercio, y el Fondo del Pasivo intervinieron ante el Consejo Superior de la Judicatura exponiendo las irregularidades ocurridas. El Consejo Superior anuló la decisión del desacato, pero por indebida notificación al Ministro de Hacienda.

Como el asunto volvió al Consejo Seccional de Bolívar, este, sin importarle los argumentos de las mencionadas entidades, que ratificaron que existe un cumplimiento total a las órdenes de la tutela y que lo relacionado con las sumas adicionales pretendidas se debe debatir en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, pues al tener un carácter económico, no deben discutirse por vía de un incidente de cumplimiento de la acción de tutela, decretó el desacato, esta vez contra la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, con orden de arresto.

El asunto finalmente llegó al despacho de la magistrada Julia Emma Garzón de Gómez, de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, quien tuvo en cuenta los argumentos presentado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica y de las entidades demandadas y revocó la orden de desacato; además dejó en claro que el Estado cumplió adecuadamente con su obligación pagando los $1.028.968.235 y por ende compulsó copias contra los magistrados y peritos del Consejo Seccional de Bolívar por las irregularidades presentadas.