Bogotá, 12 de noviembre de 2014. - Para la Agencia de Defensa es válida la reflexión que hace el Gobierno con esta Directiva Presidencial. Esta decisión es absolutamente equilibrada en la medida que no prohíbe el uso de la cláusula arbitral, sino que busca que su inclusión sea voluntaria y producto de una decisión de gerencia pública. Con ello se da una nueva mirada a la norma que regula el tema arbitral, protegiendo los intereses de la Nación.
El Estado ha sido condenado en el 75% de los conflictos por temas relacionados con las controversias contractuales sometidas al conocimiento de la justicia arbitral, lo cual nos preocupa y nos lleva a revisar todas las causas que pueden, sin duda, tener origen en el mismo Estado antes que nada, pero también en otras circunstancias que deben y están siendo analizadas.
Además, no se encontraba centralizada la información en materia arbitral y esta directriz organiza el tema. Queremos conocer todos los laudos a favor y en contra del Estado, establecer quienes son los abogados del Estado, los de la contraparte y sobretodo, quiénes son nuestros árbitros, y establecer la jurisprudencia arbitral.
La Agencia de Defensa reconoce y respeta la justicia arbitral, pero debe estar alerta frente a prácticas que la desdibujan, como por ejemplo, árbitros que acumulan más de los arbitramentos permitidos por la ley, que tienen inhabilidades o conflictos de interés, que se abrogan competencias sin tenerlas o prácticas, que si bien no están prohibidas, ponen en riesgo las potestades del Estado, como cuando por vía de una medida cautelar, se pretende que el Estado no acuda a sus facultades legales, como imposición de multas o declaratorias de caducidad ante el incumplimiento de un contrato.
Al Estado le interesa que el mecanismo funcione adecuadamente; además, hemos ganado pleitos muy importantes como el de Pacific Rubiales que le pudo costar al Estado 19 billones de dólares o el de la ANI que ganó recientemente cuatro arbitramentos muy importantes.
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