Bogotá, 14 de agosto de 2015. – Gracias a la efectiva labor de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE- en coordinación con las unidades de defensa de los diferentes sectores, el Estado ha ahorrado entre 2014 y 2015, $3,2 billones de pesos, sin contar con el ahorro de 17 billones de pesos por el caso de captadoras ilegales. Esto ha sido posible gracias a mecanismos como la mediación en conflictos entre entidades públicas, recuperación de recursos embargados, procesos arbitrales favorables al Estado y exitosos procesos de conciliación, entre otros.
Un importante indicador es que a diciembre de 2014 descendieron los pagos por sentencias que se registraba desde 2010, con un ahorro de 230 mil millones de pesos y el aumento de la tasa de éxito procesal de 27% al %50,50, aunque en muchos sectores como el de infraestructura la tasa de éxito procesal alcanzó un 74%.
Más ahorros a partir de una mejor defensa:
Vale la pena anotar que la Agencia diagnosticó la defensa del Estado, es decir la labor de 3500 abogados dedicados a esta actividad y a partir de estos resultados diseñó un Modelo Óptimo de Gestión para mejorar la defensa jurídica, el cual empezó a implementarse en las 20 entidades que agrupan el 75% del total de los procesos judiciales. Con este modelo se busca estandarizar buenas prácticas y la aplicación de soluciones administrativas dirigidas a optimizar la gestión de la defensa. Además, ha impulsado una política de prevención de daños recurrentes que le ha permitido a 123 entidades emitir las resoluciones que contienen la política de prevención y se encuentran en proceso de evaluación por parte de la Agencia.
De otra parte, la Agencia lanzó este año un novedoso Sistema de Información Litigiosa del Estado denominado e-KOGUI con nuevas funcionalidades al cual están accediendo 2.504 abogados del Estado y 65 Jefes de Control Interno. Ofrece a las entidades dos novedosos aplicativos dirigidos a facilitar el trámite de pago de sentencias y el cálculo de costo – beneficio a efectos de identificar la viabilidad fiscal de conciliar.
Algunos casos de éxito:
Dentro de las experiencias exitosas que ha tenido la Agencia en la consecución de ahorros para el Estado, vale la pena anotar el caso de las captadoras ilegales, donde las pretensiones iniciales ascendían a 43 billones, pero con la articulación de la defensa con todas las entidades implicadas, entre ellas la Superintendencia Financiera, y los procesos ganados, se han ahorrado de $17 billones aproximadamente.
También se obtuvo fallo favorable en uno de los 25 procesos más cuantiosos en contra de la Nación por $346 mil millones, donde se coadyuvó al desistimiento de una demanda presentada contra el Ministerio de Defensa por las Empresas Públicas de Medellín –EPM- debido a la suspensión de la construcción del proyecto hidroeléctrico PORCE IV.
En el último año se se han ganado varios procesos que se encuentran en la lista de los de más impacto para el Estado; uno se refiere a la supuesta responsabilidad del Estado por un aparente no pago de reaforos a municipios, pero a través de los argumentos esgrimidos por la Agencia se logró demostrar el pago de dichas obligaciones y se ganó el pleito por más de 403 mil millones de pesos.
La intervención de la Agencia también logró que se levantara un embargo decretado a recursos de Indumil, con lo cual se generó un ahorro efectivo de cerca de $284.000 millones.
De igual forma se obtuvo fallo a favor de la Nación en una demanda que se presentó contra el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa y Rama Judicial por una retención de naves; el Consejo de Estado denegó las pretensiones de la demanda que ascendían a $29.096.271.912.
En el sonado caso entre ETB y Comcel un Tribunal de Arbitramento falló a favor del Estado evitándole el pago de más de $40.000 millones que estaba reclamando Comcel. Esta decisión se sumó a los $45.000 millones que ETB ya se había ahorrado con un lado anterior, en donde también se le dio la razón a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá. Así las cosas, el Distrito se ha beneficiado, gracias a la buena defensa de su empresa y a la intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en más de $85.000 millones que era lo que pretendía el operador móvil celular en los dos procesos que ha perdido.
Gracias a labor conjunta desarrollada por los equipos de defensa judicial de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, Minas y Energía y la ANDJE se han logrado decisiones favorables en el proceso en el que se pretende la nulidad de los decretos que aprobaron el plan de enajenación de ISAGEN (negativa de pruebas solicitadas de manera extemporánea por los demandantes y modulación de la medida cautelar de suspensión de los efectos del decreto demandado, lo que implica que la orden de suspensión cobija los plazos otorgados al Gobierno para realizar la venta una vez se profiera fallo definitivo). A la fecha el proceso se encuentra en traslado de alegatos finales.
