Bogotá, 15 de agosto de 2014. – La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, junto con otras entidades estatales coadyuvó a ECOPETROL en una acción de tutela que instauró contra el Tribunal Administrativo de Casanare, por declarar viable una consulta popular en la que se preguntaba a la comunidad si estaba de acuerdo con la exploración y explotación petrolera en algunas veredas de esa zona.
La tutela fue instaurada en el Consejo de Estado, que tomando los argumentos expuestos por la ANDJE y otras entidades, dio la razón a ECOPETROL, pues no sólo se le violó el derecho al debido proceso; también señaló que los entes y autoridades territoriales no tienen competencia para limitar actividades petroleras que son de interés nacional.
La Alta Corte se refirió a la Ley 685 de 2001, donde se dispuso que ninguna autoridad regional, seccional o local, puede establecer zonas del territorio que queden temporal o permanentemente excluidas de dicha actividad, con excepción de ciertas facultades expresas otorgadas por la misma ley.
Con esta decisión se evitaron pérdidas incalculables para el Estado, pues estaba en riesgo la explotación petrolera en zonas del departamento del Casanare, que podía ser suspendida en caso de aprobarse la consulta popular que pretendía llevarse a cabo.
