Bogotá, 17 de febrero de 2015. – Gracias a la adecuada y oportuna intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en una demanda en contra de varias entidades del Estado, la Nación se evitó el pago de más de 29 mil millones de pesos.
El caso:
En 1992 el demandante arribó al Puerto de Buenaventura a bordo del buque ´Zeetor´, de nacionalidad Hondureña. Una vez en puerto, varios trabajadores que habían prestado sus servicios a la motonave iniciaron acciones judiciales por el supuesto incumplimiento de sus derechos laborales; debido a esto, un Juez de la ciudad dictó un embargo sobre la nave, comunicándole esta decisión al Capitán de Puerto de Buenaventura. Tiempo después esta medida fue levantada debido a la declaración de nulidad del proceso por falta de jurisdicción. Así las cosas, el dueño del buque demandó al Estado para reclamar los daños y perjuicios ocasionados durante el lapso de tiempo que duró la medida instaurada por el juez.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda al considerar que el demandante no había probado la propiedad sobre el barco. En segunda instancia, el Consejo de Estado confirmó la decisión, pero ésta fue tutelada por el dueño del barco.
Ante esto, la Corte Constitucional ordenó dejar sin efectos la sentencia proferida por el Consejo de Estado, para que la Corporación recaudara las pruebas necesarias para esclarecer si la nave pertenecía o no al demandante.
El Consejo de Estado convocó a una audiencia para que las partes expusieran sus consideraciones a la que fue citada la Agencia de Defensa Jurídica, entidad que ejerció la defensa del Estado a través de argumentos procesales y sustanciales en coordinación con las demás entidades demandadas; estos argumentos fueron acogidos por el Alto Tribunal y negó de nuevo las pretensiones de la demanda desestimando la supuesta responsabilidad del Estado por asuntos de fondo, evitando a la Nación el pago de más de 29 mil millones de pesos.
