- No existe "contrato realidad en abstracto" entre las madres comunitarias y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, como lo había afirmado la jurisprudencia reiterada sobre el tema
- La decisión anunciada genera un significativo ahorro a todos los colombianos, estimado en 17 billones de pesos, casi 3 veces la cifra de recaudo de la reforma tributaria recientemente aprobada
Bogotá, 18 de abril de 2017. – La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado manifiesta su satisfacción con la decisión de la Corte Constitucional en el caso de las madres comunitarias. La decisión anunciada garantiza la continuidad de este importante programa, atiende los criterios de sostenibilidad fiscal y, principalmente, respeta los derechos sociales de las madres comunitarias.
En esta ocasión la Corte Constitucional tuvo en cuenta los argumentos del Gobierno Nacional y la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado y de la misma Corte Constitucional sobre el tema, al afirmar la inexistencia de un contrato realidad en abstracto entre las madres comunitarias y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF.
Adicionalmente en la solicitud de nulidad presentada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y que fuera acogida por la decisión anunciada, se rechazó la referencia a actos intencionales del Gobierno Nacional que desconocían los derechos fundamentales de estas personas.
En efecto, ha sido el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos quien ha impulsado importantes reformas, como la expedición de la Ley 1450 de 2011, para atender las necesidades de las madres comunitarias y reconocer su esencial aporte a la cuidado de la niñez colombiana.
La decisión anunciada genera un significativo ahorro al fisco nacional, que no es otra cosa que el dinero de todos los colombianos, estimada en 17 billones de pesos, casi 3 veces la cifra de recaudo de la reforma tributaria recientemente aprobada.
