Bogotá, 22 de julio de 2016. – Fuente: Comunidad Jurídica del Conocimiento. La Ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), demandada ante la Corte Constitucional, recibió el respaldo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en su paso por la Corte. Se espera que en los próximos meses supere el filtro constitucional para abrirle la puerta a proyectos productivos en zonas rurales que pueden ser claves en el contexto del posconflicto.
La defensa que preparó la ANDJE involucró el trabajo de varias dependencias y de un equipo multidisciplinario. Además de los argumentos jurídicos desarrollados por la dirección de Defensa, la Dirección de Políticas elaboró un análisis económico de los pros y los contras de la Ley de Zidres, enriqueciendo la contestación de la demanda.
Para conocer más sobre este tema y el rol que ha jugado la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, los expertos de la DPE de la ANDJE, Cristina González y Alejandro Peláez, hablaron de las acciones que ha adelantado la Agencia en defensa de esta Ley.
Definición de Zidres
Las Zidres, de acuerdo al texto de la Ley, están definidas como zonas rurales de difícil acceso, baja densidad poblacional, escasa infraestructura y altos índices de pobreza, además se encuentren aisladas de los centros urbanos más significativos y demandan elevados costos de adaptación productiva por sus características agrológicas y climáticas.
¿Por qué la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado interviene en la defensa de la Ley de Zidres?
Cristina González: La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tiene la potestad de intervenir en este tipo de procesos y defender las iniciativas del Gobierno, entonces para la defensa de esta Ley la Agencia consideró que era importante su participación, entre otras cosas porque se considera que es una ley pertinente para el desarrollo agrario del país.
¿Cuál fue el rol de la Agencia?
Cristina González: El papel de la Agencia fue la contestación de la demanda y para eso hubo un trabajo en equipo con la dirección de Defensa, pues ellos tienen todos los argumentos jurídicos, y nosotros desde la dirección de Políticas hicimos un análisis económico de los pros y los contras de la Ley de Zidres y desde ese punto de vista argumentamos el por qué consideramos que era importante defender esa Ley.
¿Cuál ha sido el mayor reto en la defensa de ZIDRES?
Cristina González: El tema más complicado de la demanda es que mediante una ley anterior se establece que los baldíos de la nación se deben destinar a temas de reforma agraria (es decir, a la adjudicación de tierras a pequeños campesinos sin tierra), y adicionalmente, establece la cantidad máxima de Unidades Agrícolas Familiares (UAF) que puede poseer un productor agrícola. Sin embargo, en Colombia persisten problemas estructurales asociados con la productividad, la carencia de infraestructura y limitaciones de acceso a recursos suficientes para hacer inversiones de capital requeridas para que los pequeños campesinos puedan hacer un uso material de la tierra y esto es particularmente cierto en zonas marginadas en el territorio nacional, tales como las planteadas en la ley de Zidres. Dicha ley abre la posibilidad de que los baldíos de la nación se destinen a proyectos productivos en los que se asocien campesinos y grandes empresarios y poder asignar esos baldíos a grandes proyectos productivos.
¿En qué va la demanda?
Alejandro Peláez: Ya se contestó la demanda formalmente pero todavía la Corte (Constitucional) no ha fallado. (…) Si hay una audiencia pública la Agencia tendrá que ir a presentar oralmente lo que está escrito en la contestación de la demanda y después de eso fallaría la Corte. Si falla a favor del Estado la ley queda en firme y blindada porque ya la Corte la habría revisado y considerado como constitucional.
¿Cuál es el objetivo de la ley de ZIDRES?
Cristina González: Esos proyectos lo que buscan es poder desarrollar y aprovechar el potencial productivo que tienen estas zonas rurales de difícil acceso.
¿Qué proyectos se llevarían a cabo en estas áreas?
Alejandro Peláez: La ley prevé todos los instrumentos para definir qué proyectos serían viables en estas zonas. Es así como para implementarlos hay que superar varias etapas, estándares ambientales, consultas previas (cuando hay comunidades étnicas en la zona), respetar los planes de ordenamiento territorial de los municipios y contar con planes de inversión claros, entre otros requisitos".
