En términos generales es el sistema único de recaudo y administración de la información relacionada con la actividad litigiosa, interna e internacional, del Estado el cual es utilizado y alimentado por todas las entidades y órganos estatales del orden nacional cualquiera que sea su naturaleza jurídica. De conformidad con el Artículo 3 del Decreto 1795 de 2007, es obligación de los apoderados de las entidades públicas que actúan dentro de cada proceso judicial, o que la representen dentro de un trámite conciliatorio, reportar, registrar y actualizar de manera oportuna la información de los procesos judiciales y de las conciliaciones a su cargo.
