1. Formular políticas públicas de prevención del daño antijurídico
2. Diseñar y proponer estrategias, planes y acciones de resolución de conflictos y participación en procesos judiciales.
3. Coordinar la defensa jurídica del Estado.
4. Desarrollar, implementar y administrar el sistema Único de Gestión de Información.
5. Poder para intervenir y participar en las conciliaciones, en el Trámite Arbitral y de amigable Composición.
6. Asesorar los procesos de defensa judicial de los municipios de 4ª, 5ª y 6ª categorías.