Estado colombiano instala Comisión de Evaluación de Justicia para la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
- La Comisión, presidida por la Defensoría del Pueblo, fue instalada este 1° de abril en Apartadó, como parte del Acuerdo de Solución Amistosa suscrito entre el Estado colombiano y la Comunidad de Paz.
- Se crea con el objetivo de analizar los procesos penales por crímenes cometidos contra sus integrantes o en los que han sido judicializados.
- Este mecanismo hace parte de las medidas de reparación integral acordadas con la Comunidad.
Apartadó, 1 de abril de 2025. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado llevó a cabo la instalación formal de la Comisión de Evaluación de la Justicia para la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa suscrito el 18 de diciembre de 2024 entre el Estado colombiano y dicha Comunidad, en el marco del caso tramitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-.
La firma de este acuerdo se constituye como resultado de un proceso de diálogo y construcción conjunta que, tras más de dos décadas de trámite internacional, permitió el reconocimiento por parte del Estado colombiano de su responsabilidad internacional por las violaciones a los Derechos Humanos sufridas por los miembros de la Comunidad desde su creación en 1997.
La Comisión de Evaluación de la Justicia, concebida como una medida de reparación en el componente de garantías de no repetición, tiene como propósito analizar el estado y la eficacia de las investigaciones penales relacionadas con crímenes cometidos contra miembros de la Comunidad de Paz, y procesos judiciales en los que han sido involucrados. Su mandato consiste en la elaboración de un informe técnico con conclusiones y recomendaciones, cuya implementación será evaluada y promovida por las entidades competentes del Estado colombiano.
Este mecanismo fue presidido por la Defensoría del Pueblo y contó con la participación de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Procuraduría y Fiscalía General de la Nación, y la Unión Europea, además de cuatro expertos independientes, seleccionados directamente por la Comunidad de Paz, en reconocimiento a su autonomía y a su derecho a participar activamente en los procesos de justicia transicional y de reparación.
El Acuerdo de Solución Amistosa suscrito incorpora, además, un conjunto de medidas de carácter simbólico, colectivo y estructural, entre las que se incluyen actos de reconocimiento público, la construcción de monumentos en homenaje a las víctimas, espacios de memoria, y la publicación de un libro que documente la historia de la Comunidad de Paz.
Al respecto, el Director General, César Palomino Cortés, manifestó: “La creación de esta comisión, además de representar un avance en la implementación de las medidas de reparación, también tiene el potencial de abrir nuevas puertas a una justicia material para aquellos que durante años han sido victimas de la impunidad".
La Defensora Nacional del Pueblo, Iris Marín, subrayó la importancia de este acto como un momento histórico en el camino hacia la verdad y la justicia: “El reconocimiento de responsabilidad del Estado colombiano por las graves violaciones de derechos humanos sufridas por la Comunidad de Paz es el primer paso para avanzar hacia una reparación integral. Este reconocimiento se formalizó a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que ha dispuesto todos los recursos necesarios para garantizar la operatividad de esta comisión. Valoramos profundamente este trabajo articulado, construido con respeto, compromiso y armonía con la Comunidad, en el marco de un proceso de justicia que dignifica a las víctimas y fortalece la democracia", afirmó.
