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Funciones y Deberes

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​​Objetivo de la Agencia

Según el artículo 2 del Decreto 4085 de 2011, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica tiene como objetivo el diseño de estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de defensa jurídica de la Nación y del Estado definidas por el Gobierno Nacional; la formulación, evaluación y difusión de las políticas en materia de prevención de las conductas antijurídicas por parte de servidores y entidades públicas, del daño antijurídico y la extensión de sus efectos, y la dirección, coordinación y ejecución de las acciones que aseguren la adecuada implementación de las mismas, para la defensa de los intereses litigiosos de la Nación.

Se deben entender como intereses litigiosos de la Nación los siguientes:

a) Aquellos en los cuales esté comprometida una entidad de la Administración Pública del orden nacional por ser parte en un proceso.

b) Aquellos relacionados con procesos en los cuales haya sido demandado un acto proferido por una autoridad pública o un órgano estatal del orden nacional, tales como leyes y actos administrativos, así como aquellos procesos en los cuales se controvierta su interpretación o aplicación.

c) Aquellos relacionados con procesos en los cuales se controvierta una conducta de un servidor público del orden nacional.

d) Aquellos relacionados con procesos en el orden regional o internacional en los cuales haya sido demandada la Nación.

e) Los demás que determine el Consejo Directivo de esta Agencia dentro de los lineamientos y prioridades señalados por el Gobierno Nacional.

Funciones

Por su parte, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado cumplirá las siguientes funciones:

1. En relación con las políticas: 

(i)Asumir, en calidad de demandante, interviniente, apoderado o agente y en cualquier otra 
condición que prevea la ley, la defensa jurídica de las entidades y organismos de la Administración Pública, y actuar como interviniente en aquellos procesos judiciales de cualquier tipo en los cuales esten involucrados losintereses de la Nación, de acuerdo con la relevancia y los siguiente criterios: la cuantía de las pretensiones, elinterés o impacto patrimonial o fiscal de la demanda; el número deproceses similares; la reiteración de los fundamentos tácticos que danorigen al conflicto o de los aspectos jurídicos involucrados en el mismo;la materia u objetos propios del proceso y la trascendencia jurídica del proceso por fa creación o modificación de un precedente de jurisprudencia;

(ii) Designar apoderados, mandatarios o agentes para el curnplimiento de la función anterior

(iii) Coordinar o asumir la defensa jurídica del Estado en los procesos quese adelanten ante organismos y jueces internacionales o extranjeros,de conformidad con los tratados y acuerdos que regulen la materia, y en los términos previstos en el presente Decreto.

(iv) Coordinar o asumir en especial las funciones relativas a la defensa del Estado colombiano en controversias internacionales de inversión, con el apoyo del Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo. En la etapa de arreglo directo la coordinación estará en Cabeza de dicho Ministerio.

(v)Apoyar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la negociación
y actualización de las normas internacionales de inversión.


(vi) Apoyar la defensa jurídica ante organ!smos y jueces internacionales, a solicitud de la entidad pública Competente o que materialmente ejerza la función de defensa o de apoyo a la defensa. 

vii) Apoyar a las entidades públicas, cuando así lo soliciten, en la defensa urídica ante jueces extranjeros, diíerentes a aquellos procesos que se originen en contmversias de inversión. 

(viii) Coordinar o asumir la defensa jurídica del Estado en los procesos que se adelanten ante los  órganos de supervisión del Sistema interamericano de Derechos Humanos, de conformidad con los tratados  y acuerdos que regulen la materia.

(ix) Apoyar a fas diferenteis entidades en la creación y conformación de comités técnicos de apoyo  para ei mejor desempeño de sus funciones en procesos que se adelanten en instancias internacionales  o extranjeras;

(x) Dar instrucciones para interponer, en los casos procedentes y cuando lo estime conveniente,  acciones de tutela contra sentencias de condena proferidas contra entidades públicas, así como para  coadyuvar las interpuestas por las propias entidades;

(xi) Ejercer la facultad de insistencia para la selección ele sentencias de tuteia para revisión 
por la Corte Constitucional, en los términos previstos en la ley;

(xii) Participar en !os Comités de ConcíHación de la entidades u organismos del orden nacional,  cuando lo estime conveniente, con derecho a voz y voto y actuar como mediador en los conflictos  que se originen entre entidades y oíganisrnos del ordem nacional;

(xiii) Hacer seguimiento al debido ejercicio de la accfón de  repetición por parte de las entidades  del orden nacional y dar instrucciones a las entidades para que, de conformidad con la ley,  instauren acciones de repetición por el pago de sentencias y conciliacicnes de carácter  indemnizatorío causadas por dolo o culpa grave de los agentes estatales, o interponerlas  directamente cuando la entidad u organismo del orden nacional no las ejerzan habiendo lugar a  ello.

3. En relación con el ejercicio de la representación:

(I) Asumir, en calidad de demandante, interviniente, apoderado o agente y en cualquier otra condición que prevea la Ley, la defensa jurídica de las entidades y organismos de la Administración Pública, y actuar como interviniente en aquellos procesos judiciales de cualquier tipo en los cuales estén involucrados los intereses de la Nación, de acuerdo con la relevancia y los siguientes criterios: la cuantía de las pretensiones, el interés o impacto patrimonial o fiscal de la demanda; el número de procesos similares; la reiteración de los fundamentos fácticos que dan origen al conflicto o de los aspectos jurídicos involucrados en el mismo; la materia u objetos propios del proceso y la trascendencia jurídica del proceso por la creación o modificación de un precedente jurisprudencia

(II) designar apoderados, mandatarios o agentes para el cumplimiento de la función anterior
 

(III) coordinar o asumir la defensa jurídica del Estado en los procesos que se adelanten ante organismos y jueces internacionales o extranjeros, de conformidad con los tratados y acuerdos que regulen la materia, salvo las controversias a las que se refiere el numeral siguiente

(IV) apoyar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la defensa de las controversias comerciales internacionales del Estado colombiano y en los procesos que se adelanten en instancias internacionales en relación con obligaciones contenidas en tratados internacionales en materia de inversión

(V) apoyar a las diferentes entidades en la creación y conformación de comités técnicos de apoyo para el mejor desempeño de sus funciones en procesos que se adelanten en instancias internacionales o extranjeras

(VI) dar instrucciones para interponer, en los casos procedentes y cuando lo estime conveniente, acciones de tutela contra sentencias de condena proferidas contra entidades públicas, así como para coadyuvar las interpuestas por las propias entidades

(VII) ejercer la facultad de insistencia para la selección de sentencias de tutela para revisión por la Corte Constitucional, en los términos previstos en la ley
 
(VIII) participar en los Comités de Conciliación de la entidades u organismos del orden nacional, cuando lo estime conveniente, con derecho a voz y voto y actuar como mediador en los conflictos que se originen entre entidades y organismos del orden nacional
 
(IX) hacer seguimiento al debido ejercicio de la acción de repetición por parte de las entidades del orden nacional y dar instrucciones a las entidades para que, de conformidad con la ley, instauren acciones de repetición por el pago de sentencias y conciliaciones de carácter indemnizatorio causadas por dolo o culpa grave de los agentes estatales, o interponerlas directamente cuando la entidad u organismo del orden nacional no las ejerzan habiendo lugar a ello.​