Bogotá, 13 de agosto de 2015. – Una labor conjunta entre la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado –ANDJE- y el Ministerio de Salud permitió que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fallara a favor del Estado en un proceso que le habría costado más de $260.000 millones. Con esta decisión, además, se sienta un precedente para las Entidades Promotoras de Salud.
La importancia del fallo:
Este proceso inició con una demanda que instauró Asmet Salud EPS contra el Ministerio de Salud por una presunta falla en el servicio al no fijar el valor de la Unidad de Pago del Régimen Subsidiado en igualdad de condiciones con el valor de la UPC del Régimen Contributivo, en la nivelación de los Planes Obligatorios de Salud de ambos regímenes ordenada por la Corte Constitucional en sentencia T-760 de 2008.
Debido a la cuantía de la demanda el Ministerio de Salud solicitó la intervención de la ANDJE que a su vez solicitó que se negaran las prestaciones de la demanda, pues demostró que no existió ningún daño antijurídico dado que la forma como se calcula la UPC está ligada a situaciones cambiantes. Si bien la sentencia de la Corte Constitucional ordenó que se unifiquen los planes obligatorios de salud (POS), no estableció unificar el valor de la UPC contributiva y subsidiada, pues esa unificación se hace teniendo en cuenta las prioridades de la población y la sostenibilidad financiera del sistema.
La UPC es un dinero que se le asigna a las empresas promotoras de salud por cada afiliado y aumenta dependiendo de diferentes variables. Por tanto, al no ser igual el régimen contributivo y el régimen subsidiado, no puede pretenderse que el incremento se haga automáticamente, pues obedece principalmente a la inflación, al uso de los procedimientos de apoyo, diagnósticos, terapéuticos y a los costos de la prestación de los servicios de salud, los cuales son diferentes en los dos regímenes.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca acogió estos argumentos y no sólo negó las pretensiones de la demanda, con lo que el Estado se ahorró más de $260.000 millones, sino que condenó a Asmet Salud EPS al pago de $87 millones al Ministerio de Salud por agencias en derecho. Esta decisión constituye también una alerta para todas las EPS pretenden demandar al Estado por esta situación.
