Precisiones para la correcta interpretación de las cifras del Informe de Litigiosidad

Precisiones para la correcta interpretación de las cifras del Informe de Litigiosidad

69.920 es el número de procesos judiciales admitidos en 2024 que seguían activos con corte al 30 de junio de 2025. Con corte al 31 de diciembre de 2024, el total de procesos judiciales activos fue 334.672, de los cuales 79 % fue admitido en años anteriores.Entre 2020 y 2025 disminuyó en 9,75 % el total de litigios activos contra el Estado (procesos judiciales nacionales, arbitrajes nacionales y controversias internacionales de inversión)Las pretensiones económicas no equivalen a pasivos ciertos; deben analizarse junto con la tasa de éxito y la relación condena–pretensión para estimar correctamente el posible impacto fiscal.

Con el propósito de facilitar una comprensión rigurosa y transparente de las cifras del Informe de Litigiosidad Nacional e Internacional – Segundo Trimestre de 2025, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) comparte las siguientes precisiones metodológicas sobre la adecuada interpretación del informe:

¿Qué muestra la tabla “Procesos activos según año de admisión”?

La tabla distribuye el inventario de procesos judiciales nacionales activos con corte al 30 de junio de 2025 (327.299) según el año en que fueron admitidos.

Una lectura correcta del dato de 2024 es: de los 327.299 activos a junio de 2025, 69.920 (21,36 %) fueron admitidos en 2024; sus pretensiones suman $53,0 billones COP (7,7 % de $687,9 billones COP asociados a las pretensiones de procesos judiciales).

Los años recientes concentran más activos porque son cohortes nuevas con mayor proporción de casos aún en trámite. En las cohortes antiguas, una parte relevante ya terminó y, por tanto, no aparece en esta tabla (que sólo cuenta activos).

El cuadro de acumulados lo ilustra: 76,1 % de los procesos hoy activos fue admitido desde 2020 (248.953), mientras que los admitidos antes de 2020 (78.346) concentran 48,1 % del valor de las pretensiones. La suma 248.953 + 78.346 = 327.299 concilia el inventario total.

Importante: esta tabla no es una serie histórica del total de procesos activos por año. Por ello no debe usarse para concluir que “en tal año hubo X activos”. ​

Sobre las pretensiones

El monto total de pretensiones asciende a $753 billones COP para 327.364 litigios:

$687,9 billones COP en 327.299 procesos judiciales nacionales,

$5,2 billones COP en 49 arbitrajes nacionales,

$59,9 billones COP en 16 controversias internacionales de inversión.

Las pretensiones son reclamos de parte; no son deuda pública ni pasivo exigible. Su lectura fiscal debe considerar:

Tasa de éxito (el Estado gana aproximadamente la mitad de los litigios; en casos intervenidos por la Agencia, se gana 4 de cada 5), y

Relación condena–pretensión (promedio general 31,4 %; en 2025, 10,97 % en procesos con intervención de la Agencia). También inciden factores como indexación e inflación (para valores históricos) y, en controversias internacionales, la TRM.

Pasivo judicial cierto

Con corte al 30 de junio de 2025, la deuda judicial exigible reportada en sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación es $16,41 billones COP. El 86,9 % se concentra en 12 entidades del orden nacional, con mayor peso en el Ministerio de Defensa ($4,91 billones COP), ANI ($2,75 billones COP) y Policía Nacional ($2,08 billones COP). Este bloque refleja concentración del pasivo en un núcleo reducido de entidades estratégicas.

Fuente oficial e interpretación

De conformidad con el marco vigente, la interpretación oficial de la información registrada en el Sistema eKOGUI corresponde a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. El Informe de Litigiosidad y su versión interactiva se publican para ofrecer a medios, analistas y ciudadanía una lectura estándar, trazable y verificable de las cifras.

La Agencia reitera su disposición técnica para atender consultas editoriales, explicar la metodología y acompañar la correcta lectura de las cifras e indicadores. Nuestro objetivo común es informar con rigor y contribuir a una conversación pública basada en evidencia.