Políticas de prevención
La Agencia como líder de la prevención del daño antijurídico y en su misión orientadora entrega a las entidades públicas los “Lineamientos para la formulación, aprobación, implementación y seguimiento de las Políticas de Prevención del Daño Antijurídico (PPDA)”.
De acuerdo con el artículo 120 de la Ley 2220 de 2022 y el artículo 2.2.3.2.4.1.2. Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho adicionado por el Decreto 104 de 2025, la formulación e implementación de PPDA es una obligación legal que le compete a todas las entidades públicas. Obligación que deben cumplir de forma autónoma e independiente a través de sus comités de conciliación, áreas de planeación y control interno o quien haga sus veces.
Mediante la PPDA cada entidad debe encontrar una respuesta de carácter transversal y sistémica para reducir los eventos generadores del daño antijurídico y, con ello, impactar en la disminución de las demandas y condenas en contra del Estado.
La importancia de la prevención radica en conocer de antemano las causas que pueden llevar a que una entidad del Estado cause daño, perjuicio y/o riesgo.
La disminución de la litigiosidad sólo se logra con el cumplimiento juicioso y comprometido de las funciones y misionalidad de cada entidad.