12 Feb Colombia reconoce responsabilidad internacional ante la Corte IDH por masacre del 16 de mayo ocurrida en Barrancabermeja
- La audiencia pública del caso Cañas Cano y otros vs. Colombia se realizó el 28 de enero de 2026 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
- El proceso analiza graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en mayo de 1998, que dejaron personas asesinadas y desaparecidas forzadamente.
- El caso plantea ante la Corte IDH reflexiones relevantes sobre el alcance de la justicia transicional en Colombia.
Bogotá, 12 de febrero de 2026. El Estado colombiano, a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), reconoció su responsabilidad internacional en relación con los hechos conocidos como la masacre del 16 de mayo de 1998, ocurridos en Barrancabermeja, Santander, en el marco del conflicto armado interno.
El pasado 28 de enero de 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo la audiencia pública del caso Cañas Cano y otros vs. Colombia, en el que se examinan graves violaciones a los derechos humanos derivadas de ataques perpetrados el 16 de mayo de 1998.
De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, estructuras paramilitares, con aquiescencia de agentes estatales, realizaron acciones simultáneas en distintos barrios de la ciudad, que dejaron siete personas asesinadas —entre ellas un niño— y veinticinco personas desaparecidas forzadamente, incluidos dos niños y una mujer.
En el marco del proceso, el Estado manifestó que “del análisis probatorio se desprende que las víctimas tienen razón y que los hechos mencionados por ellas son verdad”, afirmación sustentada, entre otros elementos, en el Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición Hay Futuro Si Hay Verdad.
Este caso reviste especial relevancia en el ámbito del Sistema Interamericano, al plantear por primera vez ante la Corte IDH debates sobre el alcance y la articulación entre la justicia transicional y la justicia ordinaria en Colombia. Los avances judiciales y los hallazgos institucionales acumulados han permitido al Estado reconocer su responsabilidad internacional por acción, derivada de la inacción deliberada y coordinada de agentes estatales frente a los hechos.