28 Ago Precisiones metodológicas para la correcta lectura del Informe de Litigiosidad.
Bogotá D. C., 28 de agosto de 2025
- 69.920 es el número de procesos judiciales nacionales contra el Estado admitidos en 2024 que seguían activos a corte de 30 de junio de 2025. A corte de 31 de diciembre de 2024, en total se registraban 334.672 procesos judiciales activos, de los cuales el 79 % fue admitido en años anteriores.
- Entre el 2020 y el 2025 se registró una disminución del 9,75 % en el total de litigios activos contra el Estado (procesos judiciales nacionales, procesos arbitrales nacionales y procesos arbitrales internacionales de inversión).
- Las pretensiones económicas de los litigios contra el Estado no equivalen a un pasivo cierto; su lectura debe hacerse junto con la tasa de éxito y la relación condena–pretensión para estimar correctamente el posible impacto fiscal.
Con el propósito de facilitar una comprensión rigurosa y transparente de las cifras del Informe de Litigiosidad Nacional e Internacional – Segundo Trimestre de 2025, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) comparte las siguientes precisiones metodológicas sobre la adecuada interpretación del informe:
1. Tabla “Procesos activos según año de admisión” (página 10 del informe):
Qué sí muestra la tabla:
La tabla distribuye el total de los procesos judiciales en contra del Estado que a corte de 30 de junio de 2025 se encontraban activos (327.299) según el año en el que fueron admitidos.
Una lectura correcta del dato de la tabla asociado al 2024 es que de los 327.299 procesos judiciales nacionales que se encontraban activos a corte de 30 de junio de 2025, 69.920 (aproximadamente el 21,36 %) fueron admitidos durante el año 2024; las pretensiones de esos 69.920 ascienden a $53,0 billones de pesos colombianos (7,7 % del total de los $687,9 billones asociados a las pretensiones de procesos judiciales nacionales).
Los años más recientes concentran más procesos activos porque son procesos judiciales con admisión más reciente que, en su mayoría, se encuentran en etapas procesales iniciales. Por su parte, cohortes más antiguas exhiben menos procesos activos porque una parte importante de estos ya surtieron todas las etapas procesales y se encuentran terminados, por tanto, no se contabilizan en esta tabla que solo incluye procesos judiciales nacionales actualmente activos.
El recuadro lateral lo ilustra: el 76,1 % de los procesos activos actualmente fue admitido a partir del año 2020 (248.953), mientras que los procesos activos admitidos antes de 2020 (78.346) concentran el 48,1 % del valor de las pretensiones de los procesos hoy activos. Estos acumulados complementarios 248.953 + 78.346 = 327.299 agregados corresponden al total de procesos judiciales nacionales activos a corte de 30 de junio de 2025.
Para mayor claridad, presentamos una variación de la tabla en la que se ilustra la correcta agregación de procesos activos por año de admisión y, adicionalmente, incluimos en una nueva columna la cantidad de procesos que ya se encuentran terminados de los admitidos en un determinado año, para facilitar la apropiación de la relación de proporcionalidad inversa existente entre la cantidad de procesos activos y procesos terminados del total que fueron admitidos en un determinado año.
Qué no muestra la tabla:
La tabla de procesos activos según año de admisión no es una serie histórica del total de procesos activos existentes en cada año. Dicha serie histórica actualmente no se presenta en el Informe de Litigiosidad. Por tanto, la lectura directa de la tabla en mención no puede ser usada para afirmar que “en un año X hubo Y procesos activos”, teniendo en cuenta que el total de procesos judiciales activos en un corte determinado de un año es el acumulado de los procesos admitidos ese año y en años anteriores y que aún no han concluido.
Así, el agregado de la cantidad de procesos individuales activos admitidos por año que se presentan en la tabla (107 + 3.505 + 1.156 + 1.125 + 2.439 + 3.888 + 6.233 + 8.829 + 12.318 + 16.851 + 21.895 + 13.927 + 26.375 + 45.849 + 64.148 + 69.920 + 28.734) equivale al total de procesos judiciales activos a corte de 30 de junio de 2025 (327.299).
Además, respecto a la evolución del volumen de los litigios en contra del Estado, un factor importante a considerar es la duración promedio de los procesos judiciales, el cual presenta diferencias significativas entre jurisdicciones. En lo contencioso administrativo, que concentra 504.632 procesos judiciales terminados, el 75 % de los casos concluyeron antes de 4,43 años y el 90 % antes de 7,24 años, lo que evidencia tiempos altos y una alta congestión. En lo ordinario civil, jurisdicción en la que han terminado 13.974 procesos judiciales los plazos son aún más amplios: tres de cada cuatro casos finalizan antes de 5,70 años y el 90 % se extiende hasta 9,22 años, siendo la jurisdicción con mayor dispersión temporal. Por su parte, la jurisdicción ordinaria laboral, que registra 379.594 procesos terminados, presenta mayor agilidad: el 75 % de los procesos se resuelve antes de 2,93 años y el 90 % antes de 5,12 años.
Por tanto, la afirmación “Entre 2015 y 2020 se registró un promedio de 13 mil procesos activos por año, pero en 2024 la cifra ascendió a 70 mil procesos activos” no es correcta, pues parte de una lectura equivocada de la tabla “Procesos activos según año de admisión” del informe de litigiosidad del segundo trimestre de 2025. De manera similar, la afirmación “Los litigios contra el Estado han aumentado de manera significativa en los últimos cinco años” carece de sustento pues lo registrado en los Informes de Litigiosidad oficiales publicados por la Agencia muestran que entre el 2020 y el 2025 hubo una disminución del 9,75 % en el total de litigios activos (procesos judiciales nacionales, procesos arbitrales nacionales y procesos arbitrales internacionales de inversión) contra el Estado, al pasar de 362.715 a corte de 30 de junio de 2020 a 327.364 a corte de 30 de junio de 2025.
2. Pretensiones de los litigios en contra del Estado
Actualmente el monto total de las pretensiones de los litigios en contra del Estado asciende a $753 billones de pesos que corresponden a 327.364 procesos, de los cuales 327.299 son procesos judiciales nacionales ($687,9 billones), 49 son procesos arbitrales nacionales ($5,2 billones) y 16 son procesos arbitrales internacionales de inversión ($59,9 billones).
Resulta relevante precisar que las pretensiones son el valor que reclaman los demandantes y no equivalen a deuda pública ni a pasivos exigibles. Su correcta lectura respecto al posible impacto fiscal debe hacerse indexada a precios actuales y junto con indicadores de tasa de éxito (que tiene una tendencia creciente) y relación condena–pretensión (que tiene una tendencia decreciente).
La tasa de éxito global actual evidencia que el Estado gana aproximadamente la mitad de los litigios en su contra y, en el caso de procesos en los que interviene la Agencia, que son los de pretensiones más cuantiosas y riesgo más alto, la tasa de éxito indica que se ganan 4 de cada 5 litigios. Más aún, la relación condena–pretensión indica que de los procesos terminados desfavorablemente para el Estado el valor promedio de la condena es el 31,4 % de las pretensiones; cifra que disminuye en 2025 a 10,97 % en los casos en los que intervino la Agencia y en 2024 fue de solo 0,06 % para los procesos intervenidos por la Agencia.
A saber, se considera que un proceso judicial es de mayor cuantía cuando el valor de sus pretensiones supera los 33.000 SMMLV, lo cual en 2025 equivale a aproximadamente $46.976 millones de pesos colombianos, razón por la cual la Agencia presenta la distribución de los procesos judiciales contra el Estado tomando esta cifra como uno de los valores de corte relevantes. Así pues, en la distribución real de pretensiones económicas de procesos judiciales nacionales contra el Estado a corte de 30 de junio de 2025 existían 910 procesos con pretensiones superiores a $46.976 millones, que en conjunto representan $539 billones (78,4 % del total); 29.338 procesos con montos entre $1.000 millones y $46.976 millones, por un valor agregado aproximado de $118 billones (17,1 %); 267.761 procesos con pretensiones inferiores a $1.000 millones (incluyendo 29.290 sin pretensión económica, 144.986 entre $0 y $50 millones, y 122.775 entre $50 y $1.000 millones), cuya suma asciende a $31 billones, apenas el 4,5 % del total de pretensiones.
Respecto a la evolución del monto agregado de las pretensiones de los litigios en contra del Estado, si bien es cierto que los $427 billones de 2019 indexados a precios de junio de 2025 equivalen a $618,29 billones, la comparación directa puede inducir a error al lector ya que no se tiene en cuenta que en las pretensiones de controversias internacionales de inversión debe tenerse en cuenta el efecto de la TRM al traer la cifra a valores presentes. A saber, a corte de diciembre de 2019, las pretensiones de $427 billones estaban distribuidas en $401,54 billones en procesos judiciales, $4,8 billones en procesos arbitrales nacionales y $20,1 billones en controversias internacionales de inversión. En cuanto a las controversias internacionales de inversión, debe considerarse además que la TRM promedio de diciembre de 2019 fue de $3.378,05, mientras que en junio de 2025 es de $4.113,49. Esto significa que los $20,1 billones reportados al 31 de diciembre de 2019, una vez actualizados con la TRM vigente, equivalen aproximadamente a $24,5 billones a 30 de junio de 2025.
3. Del pasivo cierto de las Entidades Públicas del Orden Nacional por concepto de sentencias y conciliaciones
Al 30 de junio de 2025, la deuda judicial de la Nación reportada en el sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación ascendió a $16,41 billones. De este valor el 86,9 % se concentra en 12 entidades del orden nacional, principalmente el Ministerio de Defensa ($4,91 billones, 29,9 %), la Agencia Nacional de Infraestructura ($2,75 billones, 16,8 %) y la Policía Nacional ($2,08 billones, 12,7 %). En conjunto, las cinco primeras entidades acumulan cerca del 78,6 % del total, lo que evidencia una alta concentración del pasivo en un núcleo reducido de entidades públicas del orden nacional. En contraste, las entidades territoriales representan $2,07 billones (12,6 %) y las demás entidades nacionales apenas $75.846 millones (0,5 %), confirmando que el peso del pasivo judicial exigible recae en unas pocas entidades estratégicas del Estado.
4. Fuente oficial e interpretación
De conformidad con el parágrafo 2 del artículo 2.2.3.2.4.1.8 del Decreto 104 de 2025, la interpretación oficial de la información registrada en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado – eKOGUI corresponde a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
El Informe de Litigiosidad y su versión interactiva fueron diseñados para ofrecer a medios, analistas y ciudadanía en general una lectura estándar, trazable y verificable de las cifras, las cuales la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como parte del Sistema Estadístico Nacional, procesa bajo la Norma Técnica de Calidad del Proceso Estadístico NTC PE 1000:2020.
Reiteramos nuestra disposición técnica para atender consultas editoriales, explicar la metodología y acompañar la correcta lectura de las cifras e indicadores. Nuestro objetivo común es informar con rigor y contribuir a una conversación pública basada en evidencia.