27 Ago Tribunal Administrativo del Cesar niega pretensiones cercanas a los $620 mil millones por minería ilegal en El Copey.
- La demandante solicitaba millonaria indemnización por parte de varias entidades nacionales y regionales por perjuicios materiales e inmateriales.
- Fallo concluye que entidades públicas actuaron dentro de sus competencias y atendieron las denuncias.
Bogotá, 27 de agosto de 2025. En un fallo de primera instancia, el Tribunal Administrativo del Cesar, negó las pretensiones de la demanda de reparación directa presentada por Brigeth Marina Meza Daza contra varias entidades del orden nacional y territorial por supuestos daños ocasionados en sus predios debido a actividades de minería ilegal en la quebrada El Copey, en el departamento del Cesar.
La demandante solicitaba una millonaria indemnización por parte de Agencia Nacional de Minería (ANM), el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, Corpocesar y el municipio de El Copey; por los perjuicios materiales e inmateriales y la responsabilidad patrimonial derivada de la omisión en la vigilancia y control de la actividad minera.
Tras el análisis probatorio, el Tribunal concluyó que, si bien se acreditaron afectaciones ambientales en la fuente hídrica, no se demostró un daño directo a los predios de la demandante ni la existencia de una falla del servicio atribuible a las autoridades públicas.
La decisión resaltó que tanto la Agencia Nacional de Minería como Corpocesar ejercieron control y sancionaron a la concesionaria minera Servicanteras ASCC por incumplimientos en el plan de manejo ambiental. Así mismo, la Policía Nacional actuó dentro de sus competencias al atender denuncias e inmovilizar maquinaria; y el municipio de El Copey tramitó procesos policivos conforme a la normatividad vigente.
Por su parte, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE- desplegó una estrategia de defensa sólida y decisiva para la resolución del caso.
“Los argumentos en este caso demostraron que los perjuicios reclamados carecían de sustento probatorio y que las entidades demandadas actuaron con diligencia dentro de sus competencias, lo que permitió evitar una condena injustificada y le ahorró al Estado cerca de $619.153.585.231,38 mil millones“, argumentó el director general de la Agencia, César Palomino Cortés.