Inicio de sesión
Reestablecer tamaño Aumentar tamaño de la fuente Aumentar tamaño de la fuente Aumentar tamaño de la fuente
Funciones Dirección de Políticas y Estrategias

​​​​

1. Proponer, implementar y hacer seguimiento a la política pública de prevención del daño antijurídico.

2. Expedir protocolos en los que se establezcan estrategias de defensa, directrices de actuación en los procesos judiciales y utilización de los mecanismos alternos de solución de conflictos en las causas de litigiosidad priorizadas por la Agencia. 

3. Identificar líneas jurisprudenciales y doctrinales que permitan coadyuvar en la defensa de los intereses litigiosos del Estado mediante el análisis de providencias judiciales y arbitrales que afecten los intereses del Estado.

4. Diseñar, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la metodología para la valoración de las cuantías de los procesos, la cual deberá ser incorporada en el Sistema Único de Gestión e Información.

5. Elaborar los planes y estrategias para la atención de los temas de defensa judicial que hayan sido identificados como prioritarios por su relevancia fiscal, generando una agenda de trabajo conjunta con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la atención de los mismos.

6. Elaborar y liderar la ejecución de los planes y estrategias para la atención de los temas de defensa judicial que hayan sido identificados como prioritarios por su relevancia.

Funciones de la Subdirección de Acompañamiento a los Servicios Jurídicos

1. Proponer y hacer seguimiento al plan de entrenamiento y actualización de los actores que intervienen en la Defensa Jurídica del Estado a través de la Comunidad Jurídica del Conocimiento

2. Diseñar, implementar y administrar un banco de buenas prácticas que permita la transferencia efectiva del conocimiento relativo a la Defensa Jurídica de la Nación. 3. Promover estudios que permitan diagnosticar y evaluar periódicamente el funcionamiento de las oficinas y de las áreas jurídicas en materia de defensa jurídica de la Nación e implementar instrumentos de mejora.

4. Identificar y analizar de manera permanente la jurisprudencia y la doctrina nacional e internacional que resulte relevante para la Defensa Jurídica de la Nación, y asegurar que la misma sea incorporada al Sistema Único de Gestión e Información.

5. Proponer los criterios generales de selección a tener en cuenta en la vinculación de los abogados que defienden los intereses del Estado, así como los lineamientos de sus competencias laborales y funcionales.

6. Proponer al Departamento Administrativo de la Función Pública esquemas de incentivos para las entidades y los abogados que asuman la defensa jurídica del Estado, a partir de la medición de índices de su desempeño.