Consejo de Estado ratifica responsabilidad fiscal a ex presidente de SaludCoop por más de $1,4 billones
- La decisión confirma que se desviaron recursos del sistema de salud entre 1998 y 2010 para fines no autorizados.
- El fallo reafirma la legalidad del proceso fiscal y la responsabilidad directa de Carlos Gustavo Palacino Antía.
- La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado intervino en defensa del patrimonio público y la transparencia institucional.
Bogotá, D.C. 1 de julio de 2025. El Consejo de Estado ratificó la sentencia que declaró la legalidad del proceso de responsabilidad fiscal que impuso condena a Carlos Gustavo Palacino Antía, ex presidente ejecutivo de SaludCoop EPS, por el desvío de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
El proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Contraloría General de la República contó con la intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en defensa del patrimonio público.
Mediante sentencia del 8 de mayo de 2025, la sección primera del Consejo de Estado confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Palacino, quien solicitó la nulidad del fallo fiscal que lo responsabilizó solidariamente y lo condenó al pago de $1,4 billones.
La decisión reafirma que durante los años 1998 a 2010 se implementaron estrategias desde la alta dirección de SaludCoop EPS desviando recursos de la salud hacia otros fines como el pago de deudas, inversiones privadas y financiación de operaciones distintas a las autorizadas por el sistema.
El Consejo de Estado consideró que la actuación de la Contraloría estuvo ajustada a derecho, que el proceso fiscal respetó las garantías procesales y que las pruebas recaudadas permitieron determinar la responsabilidad del señor Palacino en la estructuración e implementación de los mecanismos para la apropiación indebida de estos recursos, en beneficio de la EPS y sus empresas vinculadas.
Esta decisión se enmarca en la estrategia de defensa jurídica preventiva y efectiva liderada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que reafirma su compromiso con la protección de los recursos públicos y la lucha contra la corrupción.
