La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado registró balance positivo en su estrategia de protección de los recursos de los colombianos
- Las cifras oficiales provienen del sistema eKOGUI y están contenidas en el último informe de la litigiosidad nacional.
- Bajo el liderazgo de su director, el Dr. César Palomino, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado evitó condenas por $150,2 billones de pesos en procesos nacionales y por $9,58 billones de pesos en controversias internacionales de inversión.
- La suma equivale a 8 reformas tributarias
Bogotá, 4 de febrero de 2025. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó su más reciente Informe de Litigiosidad el cual describe el comportamiento de los litigios registrados en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado, eKOGUI, y donde se evidencia una defensa jurídica estratégica que ha permitido blindar los recursos públicos, reducir la litigiosidad contra el Estado y garantizar los derechos fundamentales en el acceso a la justicia.
La tasa de éxito en los procesos en los que la Agencia intervino se incrementó 12,2 puntos porcentuales alcanzando un notable e histórico 89,8% de procesos terminados con fallos favorables para el Estado. En procesos nacionales, en el 2024 se evitaron condenas por $150,2 billones de pesos.
Durante ese mismo año, Colombia recibió 9 laudos de controversias internacionales de inversión cuyas pretensiones ascendían a casi $12 billones de pesos, respecto a los cuales, la sólida defensa jurídica de la Agencia evitó que el país fuera condenado por $ 9,58 billones de pesos colombianos.
Las anteriores cifras equivalen a 8 reformas tributarias.
Gracias a las políticas integrales de prevención del daño antijurídico y defensa proactiva y sistémica lideradas por la Agencia, la cantidad de procesos admitidos contra entidades públicas del orden nacional disminuyó en 5,3 puntos porcentuales. En el año 2024 se atendieron 800 solicitudes de asesoría legal, de las cuales 515 estuvieron dirigidas a entidades públicas del orden territorial.
La defensa jurídica estratégica que coordina la Agencia ha permitido proteger los recursos públicos y reducir la litigiosidad contra el Estado para que más recursos en el Gobierno del Cambio puedan ser destinados a proyectos de inversión social cruciales para el desarrollo económico del país.
