· Víctor Maldonado acudió al Sistema Interamericano de Derechos Humanos - SIDH para elevar una Petición que tiene como objeto deslegitimar las actuaciones diligentes que adelantaron las autoridades colombianas para proteger a los inversionistas y sancionar a los responsables de uno de los mayores descalabros al sistema financiero en la historia de Colombia.
· Pretender que el SIDH sea el escenario para cuestionar las acciones judiciales desplegadas por el Estado diligentemente, conduce a una deslegitimación de las instituciones colombianas, en desconocimiento de los principios de complementariedad y subsidiariedad que rigen los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos.
Bogotá, 5 de septiembre de 2017. – La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en representación del Estado colombiano, presentó el 4 de septiembre de 2017 las primeras observaciones de admisibilidad del Estado ante la Comisión Interamericana (CIDH).
El trámite internacional tuvo origen en la Petición No. 1060-15, presentada por Víctor Maldonado el 7 de agosto de 2015 ante la CIDH y transmitida al Estado colombiano el 4 de mayo de 2017.
El presente caso no es un caso común. Los Peticionarios pretenden que se cuestionen las actuaciones efectivas de las autoridades colombianas en uno de los mayores descalabros al sistema financiero en la historia de Colombia: la crisis del "Grupo Interbolsa" y la defraudación de los inversionistas del Fondo Premium Capital Appreciation Fund (en adelante el "Fondo PCAF").
Sin embargo, es importante resaltar que el SIDH no es un escenario para que se cuestionen las acciones judiciales desplegadas por el Estado, en observancia de las garantías del debido proceso.
En efecto, en el caso concreto el Estado adelantó de manera legítima y diligente diferentes acciones, entre las que se encuentran: un proceso de toma de posesión en contra de quienes se presentan como presuntas víctimas, tendiente a devolver los recursos a los inversionistas; un proceso de inhabilidad para ejercer el comercio en contra de Víctor Maldonado; y una investigación penal en contra de los presuntos implicados en los hechos descritos.
Ante estas actuaciones adelantadas por la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera y la Fiscalía General de la Nación, que demostraron ser efectivas para proteger los derechos de los inversionistas, devolverles su dinero y sancionar a los responsables, los peticionarios han intentado desacreditar a estas entidades alegando que sus actuaciones son en realidad una persecución.
Lo anterior evidencia que las presuntas víctimas están abusando del SIDH al utilizarlo como mecanismo de revisión de las decisiones tomadas por las autoridades internas en ejercicio de sus competencias legales, lo cual resulta improcedente.
