Colombia refuerza su defensa jurídica: mayor eficiencia en la protección del presupuesto público
Bogotá, 6 de febrero de 2025. Con el objetivo de fortalecer la defensa jurídica estatal y reducir el impacto fiscal de la litigiosidad contra el Estado, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 104 del 28 de enero de 2025, que da inicio a la implementación del Sistema de Defensa Jurídica del Estado.
Este sistema, creado en virtud del Artículo 206 del Plan Nacional de Desarrollo, busca consolidar una articulación institucional efectiva para la prevención del daño antijurídico y el mejoramiento de la gestión litigiosa en todo el país.
Con el nuevo marco normativo, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en su rol de entidad coordinadora del Sistema, liderará la ejecución de estrategias orientadas a:
- Fortalecer las capacidades institucionales de todas las entidades públicas en materia de defensa jurídica.
- Optimizar las condiciones y calidades de los abogados defensores del Estado, promoviendo formación y actualización continua.
- Establecer estándares de gestión eficiente en la defensa jurídica estatal.
- Reducir el impacto fiscal derivado de la litigiosidad, evitando gastos correspondientes a indemnizaciones y otras obligaciones judiciales que afectan el presupuesto público.
Uno de los pilares fundamentales de esta estrategia es el enfoque territorial, que permitirá a la Agencia trabajar de la mano con las entidades territoriales en un proceso gradual y progresivo de asesoría y fortalecimiento en la gestión de su litigiosidad. Este acompañamiento garantizará que las administraciones locales cuenten con herramientas efectivas para mejorar la toma de decisiones y optimicen su defensa ante procesos judiciales.Como primer paso en la implementación del sistema, se centralizará la información sobre los litigios territoriales en el Sistema eKOGUI, una plataforma que permitirá a las entidades:
- Mejorar sus procesos de toma de decisiones con base en datos precisos y actualizados.
- Desarrollar respuestas oportunas y efectivas según el nivel de riesgo procesal de cada caso.
- Formular políticas de prevención que reduzcan la litigiosidad y permitan la inversión eficiente de los recursos públicos en proyectos prioritarios para las comunidades.
Con la expedición de este decreto, el Estado colombiano reafirma su compromiso con la protección de los recursos públicos y la mejora de la capacidad de respuesta de las entidades frente a los procesos judiciales en su contra. La implementación del Sistema de Defensa Jurídica del Estado representa un paso hacia una gestión pública más eficiente, preventiva y articulada, en beneficio de toda la ciudadanía colombiana.
