Bogotá, 6 de julio de 2016. – Fuente: Comunidad Jurídica Del Conocimiento. Entrevista a Sonia Clemencia Uribe, coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional del Ministerio de Defensa.
¿Qué son las Sentencias de Unificación sobre perjuicios inmateriales? ¿Las están cumpliendo los jueces?
Sonia Clemencia Uribe, coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional del Ministerio de Defensa, nos cuenta cuáles eran sus expectativas frente a la unificación de valores que se dio en el 2014 y su opinión sobre una reciente comunicación interinstitucional de carácter confidencial de la ANDJE que señala que el Consejo de Estado no siempre está cumpliendo los parámetros que él mismo estableció y que las entidades deben tomar medidas.
¿Cuál es su opinión general sobre las ocho sentencias de unificación (SU) que definieron los criterios para el reconocimiento de los perjuicios inmateriales en 2014?
Cuando se expidieron las SU me pareció una muy buena iniciativa y las acogí con muchas expectativas. Esperaba que al haber parámetros claros el nivel de conflicto disminuyera para dar paso a más conciliaciones prejudiciales. Esto debido a que las SU definen criterios que permiten que la contraparte y el Estado ya no debatan frente a los valores a pagar facilitando una conciliación.
Antes de la existencia de estas sentencias no había una posición jurídica clara frente al reconocimiento y cuantificación de los perjuicios inmateriales. ¿Esto cómo afectaba los intereses litigiosos del Ministerio de Defensa?
Antes de que se expidieran las SU nosotros en MinDefensa teníamos unas tablas que reflejaban cuál era el momento de la jurisprudencia en temas de reconocimiento de perjuicios. Y como las sentencias no crean sino recogen y la unifican, nosotros, en gran medida, teníamos el trabajo adelantado. Las SU llegaron fue a darle sustento y validar ese ejercicio que ya veníamos haciendo.
En la comunicación interinstitucional 01 de 2016, de carácter confidencial, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica (ANDJE) presentó un estudio que identificó 57 sentencias del Consejo de Estado que no siguen los criterios de las SU. También señaló los defectos más comunes que llevaron a que el cálculo de perjuicios en esos casos no se hiciera de acuerdo a las SU y enumeró los mecanismos jurídicos y las estrategias generales de defensa, todo esto para que las EPON puedan interponer recursos frente a las sentencias que calculan los perjuicios inmateriales por fuera de los lineamientos. ¿Cree que este tipo de información le puede ser útil al Ministerio de Defensa? ¿En qué sentido?
Frente a la Comunicación Institucional 01 de 2016, creo que es muy útil y pertinente. Nosotros reconocemos y admiramos el trabajo que hizo la ANDJE analizando casi 2000 sentencias para identificar si los jueces estaban cumpliendo los parámetros de las SU. En el Ministerio de Defensa dábamos por sentado que los jueces estaban respetando los criterios y, cuando leímos el informe de la Agencia, nos sorprendió la dimensión del incumplimiento. Esta alarma nos despertó para empezar a abordar el tema.
¿Qué tipo de mecanismos va a establecer la oficina asesora jurídica del MinDefensa para darse cuenta cuando una sentencia no sigue los lineamientos de la SU y tomar acciones al respecto?
Como estábamos confiados en que la unificación iba a servir y se iban a acatar, hasta el momento no habíamos dado una instrucción para que nuestros apoderados le hicieran seguimiento detallado al tema. Pero todo cambia con la alarma de la Agencia. Primero, vamos a compartir con nuestros defensores la información y estrategias de defensa que nos envió la Agencia a través de la Comunicación 01 de 2016. Segundo, vamos dar una instrucción muy precisa a través de canales internos para que nuestros apoderados empiecen no sólo a contestar, alegar y presentar el recurso de apelación basado en los parámetros de las SU, sino también, una vez se dicte sentencia, interponer recursos para revertir la decisión.
Biografía:
Sonia Clemencia Uribe lleva quince años en el Ministerio de Defensa, actualmente es coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional. Antes de este cargo trabajó en la Dirección de Defensa Judicial del Ministerio de Justicia. Es abogada de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, con un doctorado en curso y varias especializaciones en su hoja de vida y cursos en San Remo, España y EEUU.
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