Bogotá, 8 de julio de 2019.- El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez Alzate, presidió el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad en el que el Estado colombiano pidió perdón por la vulneración de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad de circulación y residencia del señor Oscar Alfonso Morales Díaz, quien luego de presentar una denuncia penal por actos de corrupción en el IDU fue amenazado de muerte y fue objetivo de un atentado contra su vida que lo obligó a salir del país.
En mayo del año 2000, el señor Morales Díaz presentó una denuncia penal por actos de corrupción contra tres servidores públicos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Las primeras amenazas se presentaron el 30 de junio de ese año y a los pocos días se produce el atentado contra su vida. El 14 de diciembre el señor Morales Díaz decide salir del país.
En el evento el director de la Agencia, Camilo Gómez Alzate, destacó que “no quiero solamente hacer un reconocimiento formal de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quiero también resaltar la valentía y la importancia ética que significa que un ciudadano denuncie la corrupción. Este no debería ser un hecho aislado sino debería ser la norma de conducta ética de todo ciudadano”.
El director Gómez Alzate fue enfático en señalar que la Agencia se ha empeñado en aplicar los mecanismos que existen en la ley para que no se repitan los actos de corrupción y para que los corruptos paguen por los daños que le generan al país: “Por ejemplo nos hemos puesto en la tarea de implementar mecanismos como el de la demanda de reparación directa contra los particulares que causen daños al Estado, la cual ya está en nuestra ley y poco se usa”.
Así mismo señaló que “estamos impulsando la norma que reglamentará las inhabilidades por 20 años a las empresas cuyos socios, miembros de juntas directivas, administradores o representantes legales hayan sido condenados por actos de corrupción. ¡Esta figura también está en la ley y desde esta Agencia la haremos cumplir!”.
Este acto se realizó en cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Informe de Fondo No. 62/18 y en presencia de los familiares de la víctima, funcionarios de distintas entidades estatales y del Gobierno de Canadá.
El Estado colombiano lamenta estos hechos y espera que este acto contribuya a la reparación del dolor causado. El Gobierno Nacional tiene dentro de sus prioridades la lucha contra el flagelo de la corrupción y actúa bajo la convicción de que sus acciones y decisiones serán legítimas solamente en la medida en que estén fundadas en el respeto absoluto de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales.
Para mayor información:
Diana María Gacharná Castro
diana.gacharna@defensajuridica.gov.co
