Comunicado de prensa No. 11 - Estado colombiano gana demanda que pretendía indemnización por 104 mil
millones de pesos
Bogotá, 9 de septiembre de 2021.- La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la Rama Judicial ganaron una demanda en la que la caja de compensación Compensar reclamaba una indemnización de 104 mil millones de pesos, por la suspensión de las obras de un proyecto inmobiliario en Bogotá.
En 2005, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial emitió la Resolución No. 4634, mediante la cual realinderó la zona de reserva forestal de los cerros orientales, declarando varios predios como parte de estas zonas y ordenando la suspensión de las obras que allí se venían desarrollando hasta que el Distrito expidiera nuevas normas que regularan la construcción. En este sentido, el Departamento Administrativo del Medio Ambiente del Distrito (DAMA) decidió adoptar como medida preventiva de carácter general "abstenerse de tramitar permisos o autorizaciones de aprovechamiento de recursos naturales renovables en el área objeto de reglamentación por parte de la resolución 463 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial".
Debido a esa decisión, la construcción del proyecto de Vivienda denominado Parque Residencial San Jerónimo de Yuste, ubicado en la localidad de San Cristóbal Sur-Este de la ciudad de Bogotá, quedó suspendida.
El Consejo de Estado confirmó la decisión adoptada en primera instancia por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, negando las pretensiones de la demanda al no encontrar la existencia de un daño antijurídico, luego de considerar que "la suspensión o la sola demora en la recuperación de los dineros invertidos y la obtención del beneficio perseguido por Compensar con el proyecto inmobiliario, no implicaba que se le hubiera ocasionado un daño especial, anormal o superior al que normalmente deben asumir los ciudadanos en razón de la especial naturaleza del derecho de propiedad, dada su función ecológica y social, así como de los poderes del Estado en materia de intervención económica".
La decisión es el resultado del trabajo articulado entre las entidades demandadas y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Para mayor información:
Diana María Gacharná Castro
Asesora Comunicaciones
