· La
Corte Constitucional, acogiendo argumentos de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado y la Fiscalía General de la Nación, determinó que cuando la
persona investigada penalmente es absuelta, no se podrá declarar la
responsabilidad del Estado de manera automática, es decir, sin verificar si la
decisión que impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva fue
injusta o ilegal.
· Lo
anterior aclara el precedente de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que
generó que la privación injusta de la libertad se convirtiera en la sexta causa
por la cual se demanda al Estado y la tercera por valor de pretensiones; a
junio de 2018 había 16.509 procesos con pretensiones de más de 23 billones de
pesos.
Bogotá, 10 de julio de 2018. – La Corte Constitucional,
acogiendo argumentos de la Fiscalía General de la Nación y de la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, tomó una decisión fundamental al
establecer que la responsabilidad del Estado en casos de privación de la
libertad no se puede declarar de manera automática por el solo hecho de la
absolución del investigado.
Para la alta Corte, el juez administrativo siempre debe
verificar si la decisión que impuso la medida de aseguramiento de detención
preventiva fue injusta o ilegal. Es
necesario que medie “un análisis previo del juez que determine si la decisión
que restringió preventivamente la libertad fue inapropiada, irrazonable,
desproporcionada o arbitraria”.
Para la Sección Tercera del Consejo de Estado, los casos de
responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad se debían
estudiar bajo el régimen de imputación objetivo de daño especial lo cual
derivaba en condenas automáticas para el Estado.
Este precedente generó que la privación injusta de la
libertad sea la sexta causa más frecuente por la cual se demanda al Estado y la
tercera más cuantiosa. A junio de 2018 se están tramitando 16.509 procesos y
sus pretensiones ascienden a más de 23 billones de pesos. Al año 2017, la Fiscalía General de la Nación
tenía cuentas por pagar por $965 mil millones por este motivo.
La Agencia presentó escrito de intervención e impugnación en
la acción de tutela que presentó la Fiscalía General de la Nación contra la
sentencia del 30 de junio de 2016, la cual fue tramitada ante el Consejo de
Estado. También, insistió ante la Corte Constitucional para que la tutela fuera
revisada.
Esta decisión es importante para la defensa jurídica del
Estado porque reducirá el número de procesos y condenas en su contra lo cual
derivará en ahorros para la Nación.