Comunicados de Prensa

Bogotá, 13 de enero de 2017. – El pasado 10 de enero la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó al Estado la sentencia proferida en el marco del Caso Ana Teresa Yarce y otras c. Colombia.

El Estado respeta y acata todas las decisiones de la Honorable Corte Interamericana.  Además, reconoce y valora la labor de las defensoras de Derechos Humanos y reitera su compromiso de seguir trabajando para que hechos como los ocurridos no se repitan.

Cabe anotar que al ser ésta una sentencia sobre un tema sensible para el país, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se permite realizar las siguientes precisiones sobre su contenido:

· El Estado colombiano fue declarado responsable por no haber protegido a la defensora de Derechos Humanos, Ana Teresa Yarce, de ser asesinada en la Comuna 13 de Medellín, en razón a sus actividades como defensora.  También, la Corte encontró que el Estado no había garantizado un retorno seguro a sus hogares a las otras cuatro defensoras, luego de ser desplazadas forzosamente por grupos de autodefensas ilegales.  Todo ello se enmarcó en un grave contexto de orden público, que afectaba a la Comuna 13 para la época, y en particular a ciertos grupos, entre los cuales se destaca el de las defensoras de Derechos Humanos.  Adicionalmente, en relación con los procesos internos, la Corte constató que dos de las investigaciones por desplazamientos y pérdida de bienes, no habían sido lo suficientemente diligentes. 

· En el caso particular, la Corte Interamericana no condenó a Colombia por la Operación Orión ni por ninguna otra operación militar. Fue condenada por las violaciones de Derechos Humanos cometidas contra Ana Teresa Yarce y cuatro defensoras de derechos humanos ocurridas con posterioridad a las operaciones que se llevaron a cabo para restablecer el orden público en la Comuna 13 de Medellín.

· La Corte Interamericana descartó la participación de agentes del Estado en el asesinato de la defensora Ana Teresa Yarce o en el desplazamiento de las defensoras Yarce, Naranjo y Mosquera.  Los representantes de las víctimas alegaban que los hechos habían ocurrido por la connivencia entre agentes del Estado y miembros de las autodefensas ilegales, pero no existieron evidencias de la participación de agentes estatales, y los demandantes no explicaron de qué forma se habría dado esta colaboración.

· La Corte Interamericana concluyó que el proceso adelantado por el asesinato de Ana Teresa Yarce y el desplazamiento de Mery Naranjo y María del Socorro Mosquera se llevó de manera diligente, seria y respetuosa de los Derechos Humanos. En ese sentido, manifestó que la investigación, juzgamiento y sanción de estos hechos había respetado la Convención Americana y que la Fiscal del caso siguió líneas lógicas de investigación, aplicó perspectiva de género, y surtió el trámite en un plazo razonable.  Conforme con lo anterior, sólo ordenó que se continuaran investigando los hechos relacionados con el desplazamiento de Myriam Rua.

· La Corte reconoció los mecanismos de reparación administrativa para las víctimas del conflicto armado en Colombia, en particular, en materia de salud.

La Corte Interamericana valoró positivamente los nuevos mecanismos de investigación penal que se han desarrollado e incorporado en Colombia.