· Ante la Corte IDH culminó la audiencia pública del Caso Villamizar Durán y otros, que se refiere a seis presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas en el país entre 1992 y 1997.
· En dicha audiencia el Estado reiteró su reconocimiento parcial de responsabilidad y solicitó excusas públicas a las víctimas.
· Frente a uno de los casos, el Estado demostró que los hechos no constituían una ejecución extrajudicial y que el responsable del homicidio en cuestión fue sancionado penalmente.
Bogotá, 18 de octubre de 2017. - El día de hoy, en el marco del 58° periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos adelantado en la ciudad de Panamá, culminó la audiencia pública del Caso Villamizar Durán y otros, que se refiere seis presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas en el país entre 1992 y 1997.
En este contexto, el Estado reiteró su reconocimiento parcial de responsabilidad, solicitó excusas públicas y presentó su respuesta frente a los alegatos expuestos por los representantes de las víctimas y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Estado colombiano estableció que en el marco del trámite internacional se presentaron irregularidades procesales, a causa de la indebida acumulación de casos que realizó la Comisión Interamericana.
A su vez, se acreditó que la problemática de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia no corresponde a una política de Estado y que conforme con las pruebas allegadas al proceso internacional no podía concluirse la existencia de un patrón de encubrimiento.
Del mismo modo, se estableció que las autoridades nacionales tanto en el ámbito judicial como administrativo, han adoptado sanciones y medidas de no repetición. Adicionalmente, demostró que las víctimas ya habían sido reparadas a nivel interno.
Asimismo, frente al caso de Carlos Arturo Uva Velandia, el Estado demostró que los hechos no constituían una ejecución extrajudicial, que el responsable del homicidio había sido sancionado penalmente por la justicia nacional y que en este marco se había decretado una indemnización a cargo del victimario.
En los próximos días el Estado deberá presentar sus alegatos escritos y quedará a la espera de la decisión definitiva que adopte la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
