TRIBUNAL ARBITRAL DECLARA LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN ARBITRAJE DE INVERSIÓN POR EL CANAL DE ACCESO EN PUERTO NUEVO, PERO NIEGA EL 85% DEL RECLAMO INDEMNIZATORIO DEL INVERSIONSITA.
LA ANDJE ESTUDIA LA VIABILIDAD DE SOLICITAR LA ANULACIÓN DEL LAUDO
El día de hoy 19 de abril de 2024, un tribunal arbitral CIADI declaró la responsabilidad del Estado en el arbitraje de inversión iniciado por Glencore en relación con la presunta existencia de una situación anticompetitiva en el Canal de Acceso tras la construcción del puerto público Puerto Nuevo (Magdalena).
Aunque Glencore reclamaba una indemnización de perjuicios por más de 252 mil millones de pesos, el tribunal únicamente le otorgó el 15% de su pretensión, excluyendo de manera absoluta el reclamo de intereses.
El tribunal encontró injustificado que Colombia no regulara la distribución equitativa de los gastos relacionados con la construcción y el mantenimiento del Canal de Acceso entre sus usuarios.
El Estado considera que el laudo es sorpresivo a la luz de la evidencia obrante en el expediente. El Estado rechaza que una condena en un arbitraje de inversión pueda realizarse en menos de 5 páginas, en las que el tribunal omitió realizar un análisis de pruebas y argumentos fundamentales presentados por el Estado en su defensa. La ANDJE analiza, junto con sus abogados externos, la viabilidad de una solicitud de anulación.
En cuanto a la cuantificación de los perjuicios. El Tribunal señaló expresamente, tal y como lo expresó Colombia, que “las Demandantes exageraron sus cálculos indemnizatorios.” Los recortes en la indemnización obedecieron entre otros a factores a “la merma en las exportaciones de carbón de las Demandantes” y a que los cálculos indemnizatorios de los demandantes se basaron “en supuestos especulativos que tienden a inflar la indemnización calculada”.
El pasado 11 de junio de 2019, Glencore invocó el Convenio entre la República de Colombia y la Confederación Suiza sobre la promoción protección recíproca de inversiones. Glencore alegó que, en violación de este tratado, Colombia habría permitido que la multinacional Drummond se beneficiaría de una situación anticompetitiva que le permitió aprovecharse de un canal de acceso, sin pagar por su construcción ni uso.
El equipo de defensa del Estado colombiano estuvo integrado por abogados de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la firma Dechert LLP.
