Comunicado de prensa No. 01 - Agencia solicita a la JEP que se investigue y sancione a las FARC por daños al medio ambiente
- En carta enviada a la JEP, el Director de la Agencia solicita que se inicie un macroproceso en contra de los exintegrantes de las FARC que incurrieron en graves delitos contra el medio ambiente durante el conflicto armado
Bogotá, 20 de enero de 2022.- La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) investigar, sancionar, esclarecer y reparar por los graves crímenes ambientales cometidos por las FARC durante el conflicto armado.
Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia, envió una carta al Presidente de la JEP en la que expone las razones por las cuales esa jurisdicción está llamada a iniciar un macroproceso encaminado a la sanción de los graves delitos ambientales que cometieron las FARC antes del primero de diciembre de 2016. En dicho documento también se examina la dimensión prospectiva que tiene la causa y se presenta información relevante sobre el daño ambiental ocasionado por las FARC en el marco del conflicto armado.
Es de público conocimiento que las FARC perpetraron, durante muchos años y de manera sistemática, atentados terroristas que afectaron gravemente el medio ambiente, ataques contra la infraestructura petrolera que produjeron enormes derrames de crudo, atentados con cilindros de gas que causaron grave daño ambiental, actuaron de la mano del narcotráfico siendo cómplices de la deforestación sistemática, protegieron los laboratorios de procesamiento de drogas participando directa o indirecta en el vertimiento de miles de toneladas de insumos químicos sólidos y millones de litros de químicos vertidos en los ríos, y además participaron en el negocio del narcotráfico de manera directa, por lo que evidentemente son responsables del grave deterioro ambiental que ese fenómeno delincuencial causó y sigue causando al medio ambiente.
Dichos actos delictivos se encuentran tipificados tanto en el ordenamiento jurídico colombiano como en las normas de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Los delitos contra el medio ambiente y los graves atentados contra el entorno natural son faltas penalizadas por el régimen de protección de los Derechos Humanos y por el DIH bajo la modalidad de crímenes de guerra y por lo tanto no pueden ser materia de amnistía o indulto, advierte el Director de la Agencia en su comunicación a la JEP.
En este mismo sentido, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha señalado que “El impacto de los crímenes puede ser evaluado a la luz, entre otros, de la mayor vulnerabilidad de las víctimas, el posterior terror inculcado a las víctimas o el daño económico, social o ambiental generado a las comunidades afectadas".
La CPI es clara en indicar que se trata de conductas que deben ser materia de persecución y castigo, inicialmente por las autoridades judiciales nacionales, aunque siempre con el apoyo y acompañamiento -e incluso, con la competencia residual- de ese tribunal universal.
Lo anterior implica que las autoridades judiciales del sistema de justicia transicional están obligadas a investigar, juzgar y sancionar estas graves conductas cometidas por los miembros de las FARC.
La Agencia espera que su solicitud sea acogida y atendida con prontitud por la JEP.
Para mayor información:
Diana María Gacharná Castro
Asesora de Comunicaciones
