Bogotá, 22 de junio de 2016. – En el marco del 54º Periodo de Sesiones Extraordinarias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, adelantado los días 21 y 22 de junio, en la ciudad de San José (Costa Rica), la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en representación del Estado colombiano, intervino en Audiencia Pública convocada en el Caso Vereda La Esperanza.
El dicho escenario, la Agente del Estado colombiano y Experta de la Dirección de Defensa Jurídica de la ANDJE, Ángela María Ramírez, lamentó la desaparición forzada de 13 personas, incluyendo tres niños, y la ejecución de una persona más, ocurridas en la Vereda La Esperanza del municipio de El Carmen de Viboral, Departamento de Antioquia, entre el 21 de junio y el 27 de diciembre de 1996, a manos de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, bajo el mando de Omar Isaza, alias "Teniente".
Reconocimiento de responsabilidad internacional:
Igualmente ratificó el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado colombiano el pasado 7 de septiembre, indicando que aún se desconocen las circunstancias específicas de la desaparición de cada una de las víctimas y no se tiene conocimiento de su paradero o el de sus restos. En el caso puntual del señor Javier Giraldo Giraldo manifestó que el reconocimiento atendía a la falta de esclarecimiento respecto de las circunstancias específicas de su muerte.
Asimismo, la Delegación del Estado reconoció responsabilidad internacional por la demora prolongada en las investigaciones adelantadas en la jurisdicción ordinaria, la existencia de omisiones en la etapa de instrucción, el retraso en la práctica de ciertas diligencias, y acreditados periodos de inactividad procesal.
Se realizaron otras declaraciones respecto del derecho de los niños y el derecho de propiedad, afectados también por la falta de esclarecimiento de lo sucedido.
Avances en justicia transicional:
No obstante las anteriores declaraciones, la Delegación del Estado demostró con el testimonio de la Fiscal Liliana Calle y el peritazgo de la Doctora Juanita Goebertus, que los procedimientos adelantados en la jurisdicción de justicia y paz respecto de este asunto, cumplen con todos los estándares internacionales en materia de justicia y verdad, siendo acordes a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Doctora Goebertus subrayó que la "La evolución en la implementación de los mecanismos de justicia transicional en Colombia ha sido un proceso difícil lleno de ensayos y de errores que aún enfrenta grandes retos. Sin embargo, el estudio de este proceso permite demostrar que las medidas de justicia transicional en Colombia han ido evolucionando progresivamente garantizando cada vez una mejor satisfacción de los derechos de la víctimas y un cumplimiento más efectivo del deber de investigar, juzgar y sancionar".
Además señaló que "las violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH cometidas durante el conflicto armado, deben poder ser abordadas a través de una estrategia integral de justicia transicional, en donde se garantice que los crímenes internacionales no serán amnistiados, pero en donde sea posible poner en marcha estrategias de persecución penal que permitan concentrar los esfuerzos en los crímenes más graves y representativos y en quienes tuvieron la mayor responsabilidad. Una estrategia integral que no le apueste a sacrificar la justicia para lograr la paz, sino a lograr la paz como condición necesaria para satisfacer en el mayor nivel posible los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación".
Por otra parte, el Estado colombiano indicó que múltiples familiares de las víctimas ya habían sido reparados integralmente en ejercicio de acciones contenciosas o por la vía administrativa, razón por la cual se pidió al Alto Tribunal, reconociera la idoneidad y eficacia de estos mecanismos resarcitorios no solo respecto a la concesión de pretensiones indemnizatorias sino frente al ejercicio de garantías reales de no repetición.
Finalmente, la Agente del Estado y sus asesores manifestaron serias irregularidades en el procedimiento adelantado por la Comisión Interamericana, pidiendo a la Corte la revisión de un estricto examen de legalidad sobre las actuaciones de dicho órgano.
