La petición la hizo la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica en sesión desde Washington.
El Estado colombiano ofreció este lunes ante la CIDH una solución amistosa para solucionar de manera definitiva el caso del exterminio de miembros de la Unión Patriótica, que lleva 20 años en trámite ante este órgano Hemisférico.
La propuesta la hizo, a nombre del estado, Adriana Guillén, de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica, durante una audiencia en la CIDH donde se trató el caso Miguel Ángel Diaz, miembro de la UP asesinado en la década de los 80.
"Se me ha delegado la labor de manifestar públicamente la voluntad de reactivar el proceso para una solución amistosa por los hechos ocurridos contra la Unión Patriótica. No es fácil recuperar la confianza pero nuestra voluntad es de la mayor seriedad", dijo Guillen.
Durante la década de los 80 y los 90, especialmente, al menos 3.000 militantes de este partido fueron asesinados con supuesta complicad de miembros del Estado. El caso llegó a la CIDH hace dos décadas y se avanzó en una solución amistosa hasta el 2006 cuando los peticionarios se levantaron de la mesa.
De acuerdo con Guillen, la propuesta del gobierno es que se conforme un grupo especial que incluiría expertos internacionales para que se avance en el modelo de solución amistosa. Así mismo, se pidió a la CIDH que nombre a uno de sus Comisionados para que acompañe este nuevo proceso que arrancaría en el mes de abril.
Pese a la voluntad expresada por el gobierno, la solución no parece fácil. Los peticionarios alegan que el universo mínimo de víctimas que tendrían que ser reparadas para que se haga justicia es de unas 6500 personas mientras que el estado solo habla de unos 2300 casos.
De acuerdo con Luz Estela Aponte, de Corporación Reiniciar, para poder arrancar con un nuevo proceso de solución amistosa el estado en primer lugar tendría que reconocer públicamente la responsabilidad del Estado en el exterminio de los miembros de la UP, y aceptar el número de víctimas que ellos manejan.
De no hacerlo, los peticionarios insistirán porque el caso se resuelva ante la CIDH y sea enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son de obligatorio cumplimiento para el Estado.
El Estado calcula que entre la década de los 80 y los 90 al menos 3.000 militantes fueron asesinados. La UP habla de casi 6.000. Este proceso llegó a la CIDH hace dos décadas, inicialmente se avanzó en una solución amistosa hasta el 2006 cuando los demandantes se levantaron de la mesa.
Tras conocer el ofrecimiento, Aída Avella, líder de la UP, dijo: "No descartamos conciliar, pero siempre y cuando que se haga en el marco de la CIDH".
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
