"Consideramos que la eventualidad de las condiciones jurídicas que el Estado exprese de manera general en esta audiencia puedan tener incidencia en el caso", dijo la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica.
Los representantes del Estado colombiano abandonaron este lunes una audiencia en la CIDH sobre los derechos políticos en Colombia, debido a preocupaciones relacionadas con la decisión del organismo de entrar a valorar a fondo el caso del destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. (Leer Por caso Petro Colombia se levanta de audiencia de la CIDH).
Menos de una semana después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidiera otorgar medidas cautelares a Petro e informara al Gobierno de Juan Manuel Santos de que admitía a trámite una petición para estudiar a fondo el caso, el organismo celebró una audiencia sobre derechos políticos en Colombia.
El embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Andrés González, reveló que el viernes, después de que Santos rechazara la petición de medidas cautelares de la CIDH para Petro, el Gobierno colombiano pidió a la Comisión cancelar la audiencia del lunes, algo que el organismo rechazó al alegar que se trataba de un debate general, y no específico sobre ningún caso.
En consecuencia, el Gobierno colombiano decidió no dar respuesta a las denuncias sobre derechos políticos en la audiencia debido a "la apertura de una petición que en su momento realizara el señor Gustavo Petro", según explicó Adriana Guillén, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado colombiano.
"Consideramos que la eventualidad de las condiciones jurídicas que el Estado exprese de manera general en esta audiencia puedan tener incidencia en el caso" que la Comisión ha iniciado sobre Petro, indicó Guillén antes de levantarse junto a González y el resto de representantes de Colombia y abandonar la sala.
Tracy Robinson y Felipe González, dos de los siete comisionados que integran la CIDH, lamentaron la decisión del Estado e insistieron en que la audiencia no buscaba centrarse en el caso Petro, que no fue mencionado específicamente por ninguna de las organizaciones peticionarias durante la sesión.
"Es absolutamente normal que la Comisión reciba información del tipo que consideraremos hoy", explicó Robinson.
González, por su parte, indicó al término de la audiencia que se había demostrado "que se podía analizar el problema en términos estrictamente jurídicos" y que "en ningún caso se ha hecho tratamiento en forma encubierta de un caso".
Entre los peticionarios de la audiencia estuvo uno de los abogados de Petro, Rafael Barrios, quien no intervino en la sesión pero dijo a los periodistas que en ningún caso se trató de centrar la sesión en el caso de su cliente, "y menos de forma encubierta".
Preguntado si, después del rechazo de las medidas cautelares, espera que la CIDH solicite medidas provisionales para Petro a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), Barrios indicó que quiere que la Comisión "tome esa decisión sin ningún apremio por parte ni de las víctimas ni de los representantes" del alcalde.
También acudió el congresista Iván Cepeda, que ha pedido asimismo medidas cautelares a la CIDH a raíz de dos investigaciones abiertas en la Procuraduría General (Ministerio Público) por una supuesta extralimitación en sus funciones.
Cepeda tachó de "muy lamentable" que el Gobierno colombiano se ausentara de la audiencia, en la que, a su juicio, "se demostró claramente cómo el rol del procurador" general, Alejandro Ordóñez, está "reñido con la Convención Americana" de Derechos Humanos.
Respecto a la posibilidad de su propia destitución, Cepeda comentó a los periodistas su temor a que "después de ese desacato del Gobierno el procurador crea que tiene carta blanca para proceder contra cualquiera sin que el Sistema Interamericano medie".
En la audiencia, Carlos Rodríguez Mejía, de la Asociación Minga, indicó que la capacidad que posee el Procurador para destituir a funcionarios elegidos popularmente por la vía administrativa y no judicial "es como si un ministro pudiera detener a una persona".
Según Rodríguez Mejía, eso es incompatible con la Constitución colombiana y la Convención Americana.
En ese sentido, los peticionarios solicitaron a la CIDH que inste a Colombia a "adelantar una reforma legislativa que fije reglas estrictas para el respeto de los derechos políticos de las personas elegidas popularmente".
Pese a que los miembros de la CIDH no suelen posicionarse durante las audiencias públicas, el comisionado Paulo Vannuchi coincidió con los peticionarios en que es "muy clara la necesidad de un remedio constitucional" a esa potestad del procurador.
"Es algo impactante lo que se ha resumido, la posibilidad incluso con referencias constitucionales, de que un Procurador General de la nación pueda destituir a un mandatario elegido por voto popular sin un debido proceso judicial", señaló Vannuchi.
