Bogotá, 25 de julio de 2018. – El 25 de julio de 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el comunicado de prensa No.162/18 relacionado con el Caso 11.227 Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica. En este comunicado la CIDH afirma haber sometido el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el pasado 29 de junio de 2018, al considerar que Colombia no había cumplido con las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo No.170/17 (Informe de Fondo).
Al respecto, el Estado se permite aclarar que el pasado 13 de junio de 2018, antes de que la CIDH sometiera el caso al conocimiento de la Corte, la República de Colombia decidió no cumplir con las recomendaciones y someter el caso ante este órgano jurisdiccional.
Si bien en el Informe de Fondo la CIDH valoró positivamente las medidas recientemente implementadas por el Estado en relación con el caso de la UP, desconoció el valor de estas para la reparación integral de las víctimas. Lamentablemente, la CIDH valoró este caso como uno más de trato individual, no como uno colectivo y emblemático en el marco del conflicto armado. Esta posición desconoce la importancia e idoneidad de los mecanismos de justicia transicional con enfoque de reparación transformadora y colectiva, y en particular el establecimiento, en el Acuerdo de Paz, del deber del Estado de implementar mecanismos de reparación a favor de la UP.
En el escrito de sometimiento a la jurisdicción de la Corte, el Estado reconoció que lo sucedido con la UP ha dejado en la sociedad colombiana una lección sobre la importancia de respetar los valores de un Estado democrático. Igualmente, manifestó que las víctimas de la UP merecen ser reconocidas, no solo porque es una obligación jurídica, sino porque el esclarecimiento de los hechos reivindica sus derechos, promueve una cultura de tolerancia y reconciliación, y permite la consolidación de una paz estable y duradera.
El sometimiento por parte del Estado colombiano del Caso de la UP a la Corte, constituye la primera vez en la historia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en que un Estado parte en la Convención Americana se somete voluntariamente a la jurisdicción de este tribunal.
La República de Colombia considera que una solución judicial, como la que emitiría la Corte Interamericana de Derechos Humanos, permitirá adoptar las determinaciones que en derecho correspondan para la garantía de los derechos y la reparación de las víctimas.
