Dice que el Estado no ha reconocido responsabilidad en persecución contra el movimiento político.
La Unión Patriótica (UP), representada por la Corporación Reiniciar, no aceptará la oferta del Estado para que se reactive el proceso de solución amistosa de la demanda contra Colombia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Así se lo dijo a EL TIEMPO Jahel Quiroga, cabeza de Reiniciar, quien con la Comisión Colombiana de Juristas interpuso hace 20 años la demanda internacional por el genocidio político de la UP.
Desde 1993, Quiroga y la actual candidata vicepresidencial Aída Avella documentaron 6.528 casos de víctimas –entre asesinados, desplazados y amenazados– de ese movimiento, surgido del proceso de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las guerrillas. Este lunes, los delegados de Colombia ante la CIDH en Washington manifestaron el interés del Estado en buscar un mecanismo de conciliación.
Se propuso la creación de una comisión especial que incluya delegados internacionales y la asesoría de la Comisión para reconstruir y esclarecer la historia de la persecución contra ese partido, que acaba de revivir en el mapa político colombiano por una sentencia del Consejo de Estado.
Quiroga, que este miércoles en la mañana enviará a la Comisión una carta en la que se oficializará la posición de la UP, dice que un nuevo intento de arreglo amistoso no tiene sentido porque el Estado no ha reconocido su responsabilidad y porque el balance de víctimas que registran las partes no coincide.
“Hicimos una investigación muy seria, que contó con apoyo del gobierno suizo, y tenemos 6.528 víctimas registradas (...). El Estado apenas inició esa tarea hace cinco años y dice que son 3.000”, asegura la coordinadora de Reiniciar.
Adriana Guillén, jefe de la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, reiteró en diálogo con este diario el interés del Estado por lograr un acuerdo en este caso. Guillén asegura que la fórmula propuesta realmente permitirá determinar las responsabilidades a que haya lugar y la definición de un universo de víctimas confiable. “La propuesta es romper con las diferencias del pasado y empezar a trabajar en un futuro de paz y de reconciliación”, dijo el embajador ante la OEA, Andrés González.
Ante la negativa de la UP, lo que seguiría es que la Comisión envíe el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que el Estado colombiano se podría ver sometido a una nueva condena internacional, la número 15 de su historia.
El proceso de solución amistosa se rompió en el 2006, en el gobierno de Álvaro Uribe, luego de siete años de trabajo.
Qué dice Colombia en el caso
En el 2007, ante la CIDH, el Estado admitió que al asesinado líder político de la UP Manuel Cepeda se le violaron derechos fundamentales, empezando por la vida.
En el 2010, en sentencia de la Corte Interamericana se ordenó a Colombia que adelantara medidas de reparación para la familia de Cepeda, asesinado el 9 de agosto de 1994.
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos pidió perdón, en nombre del Estado colombiano, por ese crimen cometido por ‘paras’ de Carlos Castaño y militares activos en el occidente de Bogotá.
REDACCIÓN JUSTICIA
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