Bogotá, 27 agosto de 2019.- El Tribunal Arbitral del CIADI dictó el día de hoy el primer laudo de inversión en un caso colombiano. La multinacional Glencore pretendía cobrar al Estado colombiano 575 millones de dólares por daños y perjuicios y la devolución de los 19,1 millones de dólares que Prodeco había pagado a Colombia a razón del fallo de responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría General de la República (enero de 2016). Además, Glencore pedía al Tribunal ordenar a Colombia abstenerse de iniciar nuevos procedimientos en la Contraloría y desistir del procedimiento de nulidad del Otrosi No. 8. El Tribunal Arbitral sólo ordenó la devolución de los 19.1 millones de dólares más los intereses y rechazó todos los demás reclamos confirmando así la confianza en la integridad e institucionalidad de la Contraloría y de los jueces colombianos.
La efectividad de la estrategia de defensa jurídica del Estado redujo en un 97% las pretensiones económicas reclamadas por Glencore. La defensa estuvo a cargo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y de la firma Dechert LLP.
La demanda interpuesta hace tres años por Glencore, con fundamento en el Acuerdo Bilateral de Protección y Promoción de la Inversión Extranjera en vigor con Suiza (APPRI) y bajo las reglas del CIADI, se originó por dos situaciones:
- Por la solicitud de nulidad de Ingeominas (hoy Agencia Nacional de Minería), al Otrosí N° 8 del Contrato de Concesión, el cual modificaba injustificadamente a favor de Prodeco el sistema de cálculo de las regalías para la explotación de carbón en la mina Calenturitas, (Cesar).
- Por el fallo de responsabilidad fiscal de $63 mil millones (19.1 millones de dólares) que la Contraloría General de la República le impuso a Prodeco por el presunto detrimento patrimonial causado al Estado tras la negociación y suscripción de ese Otrosí.
Para el Tribunal Arbitral la medida adoptada por la Contraloría se realizó con estricto apego a la ley y al debido proceso. Sin embargo, el Tribunal cuestionó el cálculo realizado por el ente de control para determinar el detrimento al patrimonio público y ordenó la devolución del monto pagado por este concepto.
Los abogados de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se encuentran leyendo el laudo de más de 340 páginas y analizando posibles recursos.
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Para mayor información:
Diana María Gacharná Castro
Asesora Comunicaciones
diana.gacharna@defensajuridica.gov.co
