Comunicados de Prensa

Por Cristina Vélez

Bogotá, 28 de octubre de 2015. - Para el abogado Fernando Salazar, Secretario del Comité de Conciliación del Fondo Adaptación es clave que el daño antijurídico no sólo se vea como un problema de los abogados. Por eso con política de prevención en mano y basándose en estrategias de comunicación quiere inspirar a los funcionarios de su entidad para que entiendan que la tarea también es de ellos.

¿Algún consejo para quienes están haciendo su política de prevención?

Involucrar a toda la entidad en el tema. Elaborar la política es un proceso enriquecedor y por ello es clave no entenderla como una obligación más, algo que se hace siguiendo lineamientos para cumplir la tarea, darla por cumplida y archivarla, sino que se trata de un ejercicio transversal que debe involucrar a toda la entidad. Por ello se debe socializar en primer lugar el concepto con todas las áreas para de esta manera mostrarle a los funcionarios de otras dependencias que la prevención del daño antijurídico no es un tema sólo de incumbencia del equipo de defensa, pues blindar a la entidad de eventuales demandas es responsabilidad de todos y es algo que sólo se logra conociendo bien las funciones a cargo de cada uno y como éstas se articulan en el ciclo de defensa jurídica.

¿Pero cómo llegar a quienes no son abogados con este mensaje?

En el Fondo hemos empezado por realizar una serie de charlas de sensibilización al respecto, donde de manera sencilla se explica a los funcionarios la importancia de atender de forma idónea y oportuna los derechos de petición, para luego recordarles el marco general de responsabilidad del servidor público y las diversas repercusiones que la omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones que a cada uno de ellos les fue confiada trae aparejada, en este punto se analiza el artículo 90 de la Constitución de manera práctica y simple para que todos puedan apropiar la lógica del concepto de daño antijurídico y como, desde su quehacer diario cumplen un rol en su prevención. De esta manera se allana el camino para la elaboración de una política propia, que se comprenda y responda a las necesidades de la entidad, para que con su puesta en práctica sea posible en términos reales mitigar los riesgos que causan los daños antijurídicos que se quiere evitar.

¿Pero cómo lo toman los funcionarios?

Al principio algunos lo toman como un asunto que genera temor, la conciencia de la responsabilidad siempre tiene ese efecto, pero después de oír la historia completa, y como el ciclo que se plantea tiene una lógica y un sentido, empiezan a sentirse parte de algo que trasciende su cargo y donde cada uno puede hacer la diferencia en la prevención del daño.

Para llegarles es clave simplificar el lenguaje jurídico. Hay una frase que le atribuyen a Einstein, según la cual no se entiende algo hasta que no se es capaz de explicárselo a la abuela, por ello resulta útil acudir a metáforas simples que permitan explicar conceptos complejos. Doy un ejemplo: la ANDJE expidió la Circular 09 de 2015, con la que da lineamientos de prevención del daño antijurídico en materia de contratación estatal y propone estrategias generales de defensa jurídica. Una buena forma de socializar este importante documento en un ambiente no jurídico, en punto de los mecanismos jurídicos establecidos para la vigilancia y control del cumplimiento del contrato Estatal, es comparar el objeto del contrato con la lista de mercado, donde los productos y cantidades a comprar deben sujetarse celosamente a lo allí establecido y cualquier cambio que se quiera hacer, por beneficioso que parezca — aprovechar los descuentos en cantidades o productos distintos a los establecidos en la lista -, no puede realizarse si previamente no se ajusta la lista por parte de quien la elaboró y maneja el presupuesto para el mercado. Así resulta más simple de explicar el respeto al principio de planeación y como deben honrarse los compromisos pactados ciñéndose al tenor literal de las obligaciones del contrato, evitando que éstas se afecten o modifiquen sin las formalidades previstas para ello.

¿Además de comunicar y educar, qué más ha aprendido en el proceso de hacer la política?

En este proceso de aprendizaje continuo hemos encontrado que dada la complejidad del tema resulta clave priorizar y simplificar, pues son muchas áreas y aspectos los que se deben cubrir. Por ello, se ha considerado que es mejor aplicar el adagio popular y no tratar de abarcarlo todo sino centrarse en los temas más sensibles.

En nuestro caso, por ser una entidad joven, elaboramos la política piloto a partir de las experiencias iniciales que en su momento tenían una repercusión real y tangible en la entidad, por ello tomamos como insumo los derechos de petición y las acciones de tutela y se trabajó sobre ellas de manera detallada. Con la experiencia de este primer ejercicio hemos enfocado ahora la atención en materia de administración del recurso humano y de contratación de la entidad, en las que se está trabajando para elaborar el diagnóstico que nos permita identificar las causas y determinar las soluciones y los indicadores de una nueva política de prevención siguiendo el paso a paso que socializó la Agencia para ello. Un aspecto a resaltar es la importancia de participar de los comités sectoriales de defensa jurídica, en tanto allí las entidades de reciente creación o de baja litigiosidad pueden intercambiar experiencias y saberes respecto a las tipologías y casos comunes en su sector, con lo que a partir de experiencias ajenas se puede adoptar con antelación los correctivos o ajustes que consideren necesarios en sus propias políticas de prevención del daño antijurídico.