Bogotá, 29 de julio de 2015. – Fuente: Alcaldía de Cali. El Municipio de Santiago de Cali solicitó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación, a través de la Presidencia de la República, la intervención en la Acción de Grupo que se encuentra para fallo en el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, donde se encuentran vinculados el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transporte, el municipio de Cali y Metrocali. Estas dos últimas fueron condenadas en primera instancia y el monto de las indemnizaciones representan un gran impacto económico para las finanzas de la ciudad.
La condena fue impuesta por el Juzgado 18 Administrativo Oral del Circuito de Cali y equivale a la suma de seiscientos cuarenta y cinco mil seiscientos noventa y tres millones novecientos noventa y un mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos con dieciocho centavos ($645.693.991.449.18), cifra que representa cinco veces los ingresos corrientes del Municipio y conllevaría a una grave crisis financiera.
La Acción de Grupo fue iniciada por la sociedad Rodamientos y Retenes y el fallo en primera instancia ordena indemnizar a 8 de los 36 comerciantes que demandaron y conjeturó una indemnización grupal de 1850 comerciantes más, por los supuestos daños ocasionados con la ejecución de las obras del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO.
El fallo en primera instancia desborda la capacidad económica del ente territorial, sobrepasa los estándares indemnizatorios y viola flagrantemente el principio del interés general, como también la obligación que le asiste a las entidades públicas de construir las obras que demanda el progreso local para ordenar el territorio y promover el mejoramiento de los habitantes.
"Una sentencia de tales magnitudes sentaría un precedente erróneo para que se iniciaran demandas en contra del Estado, pretendiendo indemnizaciones cuantiosas en detrimento de las entidades", concluyó el Director Jurídico.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ante la cuantía del proceso accedió a acompañar al Municipio y a Metrocali en los argumentos jurídicos expuestos.
Para algunos de los demandantes, operaba la caducidad de la acción y no podían ser beneficiarios de la indemnización, además no existe un censo que permita determinar el número de comerciantes que operaban en la zona de influencia de las obras, tal como lo certificó la Cámara de Comercio de Cali.
La Dirección Jurídica agradece la intervención y acompañamiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en este proceso, que de resultar adverso, traería graves repercusiones económicas que atentarían de manera directa el interés general de los caleños y el patrimonio público.
