La Nación no tendrá que pagar $75.600 millones tras intervención de la ANDJE en caso AVIATEK SAS
- La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE- intervino en el proceso para respaldar la legalidad de la decisión de la Aerocivil, evitando una millonaria condena contra el Estado.
- El Consejo de Estado respaldó la actuación de la Aerocivil al exigir la apostilla como requisito habilitante para validar documentos expedidos en el exterior.
Bogotá D.C., 29 de julio de 2025. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE-, en coordinación con la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil -Aerocivil-, logró una nueva victoria judicial al intervenir en el proceso ante el Consejo de Estado y evitar el pago de $75.601,6 millones que exigía la sociedad AVIATEK SAS, integrante del Consorcio SAMTEK.
La controversia giraba en torno a la licitación pública 13000011-OL de 2013, cuyo objeto era la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de automatización de ayudas visuales en el Aeropuerto Internacional El Dorado. La Aerocivil declaró desierto el proceso tras considerar que el oferente no cumplió con el requisito de apostilla en las certificaciones de experiencia presentadas, condición exigida por los pliegos y la normativa vigente.
AVIATEK SAS demandó al Estado, solicitando una indemnización superior a $75.600 millones. No obstante, y en virtud de la intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE-, el Consejo de Estado concluyó que la ausencia de apostilla no era una simple formalidad, sino un requisito legal indispensable para conferir validez a documentos expedidos en el exterior.
Ante la imposibilidad de acreditar ese requisito y la falta de otros proponentes que cumplieran con las condiciones jurídicas, técnicas y financieras, el alto tribunal respaldó la decisión de declarar desierta la licitación como medida legal y procedente.
“Con este resultado, la Agencia reafirma su compromiso con la protección de los recursos públicos, mediante una defensa jurídica estratégica, preventiva y eficaz de los intereses del Estado colombiano", manifestó el Director General, César Palomino Cortés.
