Estado colombiano reconocerá su responsabilidad por la desaparición forzada de Jhon Ricardo Ubaté y Gloria Bogotá.
Bogotá, 30 de enero de 2024. - Hoy el Estado colombiano participará en la audiencia del caso Ubaté y Bogotá vs Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. Este caso se refiere a la desaparición forzada de Jhon Ricardo Ubaté y Gloria Bogotá, ocurrida el 19 de mayo de 1995 en la ciudad de Cali en el marco de un operativo policial realizado por la Unidad Antiextorsión y Secuestro de la Policía Nacional (UNASE). Así mismo, se denuncia la falta de investigación de los hechos y el desconocimiento del paradero de las víctimas.
Jhon Ricardo Ubaté Monroy fue militante del Ejército Popular de Liberación (EPL). Sin embargo, como resultado de los diálogos y el acuerdo de paz de 1991, se desmovilizó formalmente de la organización. Jhon Ricardo Ubaté tenía 24 años cuando ocurrieron los hechos del presente caso. Hacía parte del Comité de Derechos Humanos de la Comuna 20 de Siloé en la ciudad de Cali. Días antes de su desaparición, había denunciado alianzas del paramilitarismo con miembros de la Quinta Estación de Policía de Cali.
Gloria Bogotá tenía 22 años de edad al momento de los hechos. Participó en actividades de liderazgo comunitario en la Comuna 20 de Siloé en la ciudad de Cali.
La Dra. Paula Robledo Silva, Directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y Agente del Estado en el presente caso, realizará un reconocimiento amplio de responsabilidad internacional por la desaparición forzada de Jhon Ricardo Ubaté y Gloria Bogotá.
Adicionalmente, el Estado colombiano se comprometerá a implementar un acuerdo de reparaciones que se suscribirá con las víctimas y sus representantes, en el que se incluyen medidas de satisfacción, de impulso en las investigaciones de los hechos y de búsqueda de las víctimas; así como garantías de no repetición.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado reafirma su compromiso inquebrantable con las víctimas de este caso. Esto nos lleva a efectuar este reconocimiento de responsabilidad internacional y a impulsar acciones para garantizar el derecho a la reparación integral.
