Un país con recursos limitados no puede permitir que la plata se vaya por los pleitos con el Estado.
Por: Editorial
Alarmante, por decir lo menos, el panorama de las demandas contra el Estado que ha sido retratado en varios reportajes publicados por este diario en la última semana y que demuestra la existencia de una rentable industria dedicada a tratar de esquilmar a todos los colombianos en diferentes instancias judiciales.
Más de 500.000 reclamaciones judiciales, tan solo contra el nivel central del Estado, por valor superior a los 300 billones de pesos, están en curso en tribunales nacionales y foráneos. Las hay muchas, plenamente justificadas –en estas podrían contarse las resultantes de centenares de casos de detención ilegal, incumplimiento evidente de condiciones en contratos, hasta las de las víctimas de los ‘falsos positivos’–, pero también muchas en las que a las claras se percibe no un afán de justicia ni de restablecimiento del derecho, sino de enriquecerse.
Uno de los casos más escandalosos es el de la insólita condena contra la Nación por 2,1 billones de pesos que está a punto de ser fallada en segunda instancia en el Tribunal Administrativo de Sucre. Con argumentos poco ortodoxos, cuyo contenido dio pie a denuncias ante la Sala Disciplinaria de la Judicatura, un abogado de Sincelejo logró que una jueza local fallara en beneficio de los desplazados por la violencia que viven en esa capital.
Pero la que en teoría podría sonar como una decisión en favor de las víctimas tiene problemas jurídicos de bulto, como que en el proceso no se demostró la responsabilidad del Estado en los hechos victimizantes y, sobre todo, la insólita multiplicación del efecto del fallo: aunque el abogado representaba a 40 familias, la juez extendió su sentencia a 40.000 personas. Y, de paso, multiplicó generosamente los honorarios del apoderado, que recibiría por sus servicios 210.000 millones de pesos. El Tribunal de Sucre, en cuyos magistrados están puestos los ojos de todo el país, tiene la oportunidad de demostrar que la misma justicia está en capacidad y dispuesta a corregir sus yerros.
La contratación con el Estado es otra copiosa fuente de este tipo de disputas. Al punto de que, como lo dice el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez, no es inusual encontrarse con empresas de infraestructura que tienen más abogados que ingenieros y pretenden lograr sus mayores ganancias a través de sus reclamos.
Un país con recursos limitados y tantas necesidades no puede darse el lujo de permitir que la plata que debía destinarse al bienestar de todos se vaya por el bolsillo roto de los pleitos contra el Estado. Desde hace cinco años, con la creación de la Agencia, empezó a cimentarse un sistema de defensa que ha permitido atajar pretensiones insostenibles y detectar los ‘huecos’ que permiten que en Colombia sea tan buen negocio demandar al Estado.
Pero no es suficiente. Además de eventuales reformas legales que equilibren las cargas en este tipo de procesos, el país debe avanzar en la consolidación de una cultura que impida que los funcionarios públicos sigan dando papaya para futuras demandas. Y, sobre todo, también deben aplicarse a rajatabla las herramientas disciplinarias, administrativas y hasta penales contra los avivatos que, retorciéndole el pescuezo a la ley, juegan un papel fundamental en tan generosas sentencias en contra de la Nación.
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