En el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI, se debe registrar la información relacionada con los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y procesos arbitrales nacionales en los que intervengan entidades estatales, conforme a los lineamientos establecidos por la Agencia.
1. Procesos judiciales
El Sistema contempla el registro de la información correspondiente a las siguientes jurisdicciones:
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en la que se conocen los litigios derivados de la actividad de la Administración Pública.
Jurisdicción Ordinaria Civil, en la que las entidades estatales intervienen como parte demandante o demandada en asuntos de naturaleza civil.
Jurisdicción Ordinaria Laboral, en la que se tramitan los procesos derivados de relaciones laborales con servidores públicos o exservidores.
2. Conciliaciones extrajudiciales
Se debe registrar la información relativa a las conciliaciones extrajudiciales en derecho tramitadas ante la Procuraduría General de la Nación, en las que participe una entidad pública como parte convocante o convocada.
Estas actuaciones constituyen mecanismos alternativos de solución de conflictos cuya información resulta relevante para la gestión del riesgo litigioso y la prevención del daño antijurídico.
3. Procesos arbitrales
El Sistema contempla el registro de los procesos arbitrales de carácter nacional en los que las entidades estatales intervengan en calidad de parte, conforme al marco de la Ley 1563 de 2012 —Estatuto de Arbitraje.
4. Exclusiones
Es importante precisar que no deben reportarse en el Sistema los siguientes asuntos, por no corresponder a litigios de naturaleza judicial o extrajudicial conforme al alcance de eKOGUI:
Procesos de cobro coactivo.
Acciones constitucionales, tales como tutela, habeas corpus o acciones populares y de grupo.
Procesos penales, en los que la entidad actúe como denunciante o víctima.
Procesos de prueba anticipada.
Procesos de jurisdicciones especiales, incluyendo los tramitados ante las Superintendencias u otros organismos con función jurisdiccional.
Recursos de insistencia ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Extensiones de jurisprudencia solicitadas en los términos del artículo 102 o 269 del CPACA.
La delimitación anterior tiene como finalidad garantizar la consistencia, pertinencia y calidad de la información reportada, permitiendo que los análisis derivados del Sistema reflejen con precisión el comportamiento litigioso de las entidades estatales y el impacto fiscal asociado a los procesos judiciales, conciliatorios y arbitrales en curso.
