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Resolver a tiempo es una política de desarrollo: la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado promueve la formación especializada en mediación y resolución de conflictos

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05 Nov Resolver a tiempo es una política de desarrollo: la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado promueve la formación especializada en mediación y resolución de conflictos

Posted at 10:29h in Comunicados de prensa, Noticias por Defensa Jurídica del Estado

Bogotá, 04 de noviembre de 2026. El programa, organizado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y el Centro Internacional de Expertos en Mediación de Disputas, inició el 3 de noviembre. El plan de estudios combina herramientas jurídicas y prácticas para prevenir el escalamiento de conflictos y facilitar decisiones que protejan el interés general. En la sesión inaugural, realizada el 3 de noviembre, el director general de la Agencia, Germán Calderón España, sostuvo que "una controversia mal gestionada puede detener proyectos, elevar costos y aplazar servicios que necesitan los ciudadanos; por ello, la defensa jurídica del Estado también debe identificar riesgos, promover el diálogo y estudiar soluciones legalmente viables desde las etapas tempranas de la gestión contractual". El curso se desarrollará entre el 3 y el 23 de noviembre, con sesiones virtuales y presenciales enfocadas en temáticas como: tácticas de mediación y transacción; negociación desde el método Harvard; articulación con el arbitraje; experiencias internacionales; Convención de Singapur; mecanismos de resolución de controversias en infraestructura; enfoques financieros y toma de decisiones en conflictos complejos. La participación de especialistas nacionales e internacionales busca conectar el estudio de los instrumentos jurídicos y referentes comparados con situaciones reales del contexto colombiano. Durante su intervención, el Director General subrayó que la solución amistosa de conflictos exige profesionalismo, transparencia y responsabilidad. "Mediar no significa renunciar a la legalidad: significa utilizarla para construir una solución válida, razonable y sostenible", afirmó. En el sector público, ningún acuerdo puede desconocer las competencias de las autoridades, los requisitos procedimentales, las condiciones presupuestales o los controles aplicables. El valor de un acuerdo se aprecia también en la continuidad de los servicios, la protección de los derechos de terceros y la gestión adecuada de los recursos públicos. El propósito no es reemplazar la defensa judicial o el arbitraje, sino fortalecer la capacidad institucional para seleccionar el mecanismo pertinente según la naturaleza del conflicto. La mediación puede producir resultados valiosos incluso sin un acuerdo definitivo: esclarecer hechos, delimitar pretensiones, establecer puntos de coincidencia o facilitar acuerdos parciales. Cuando el litigio resulta inevitable, ese trabajo previo también permite una defensa jurídica mejor preparada. La formación responde a la visión de la alta dirección de impulsar una defensa jurídica del Estado preventiva, integral y estratégica. Para ello se requiere que los equipos jurídicos, técnicos, financieros y directivos colaboren desde la identificación del riesgo, en lugar de esperar a que la controversia llegue a un tribunal. La capacidad de escuchar, analizar evidencia, valorar alternativas y documentar decisiones es esencial para proteger el patrimonio público y contribuir a la continuidad de los proyectos prioritarios para el desarrollo de las regiones. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se suma a esta iniciativa como parte de su apuesta por fortalecer una cultura de legalidad, diálogo e integridad en la gestión pública. Como expresó el director general de la entidad, Germán Calderón España, al cierre de su intervención, "la firmeza jurídica y la voluntad de resolver no son contrarias. Son dos expresiones de una misma responsabilidad: servir al país