Para las entidades públicas del orden territorial, la implementación del SDJE se realizará de manera gradual y progresiva, con base en los principios establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política y de conformidad a las etapas que defina la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como entidad coordinadora del SDJE, mediante acto administrativo.
El Sistema eKOGUI es un aliado de quienes participan en la defensa jurídica del Estado, impulsando la transformación digital. Con eKOGUI, las entidades y sus usuarios pueden:
1. Centralizar la información de todos sus procesos judiciales, conciliaciones y arbitrajes.
2. Monitorear la litigiosidad y, en consecuencia, facilita la gestión del riesgo fiscal asociado.
3. Gestionar los procesos judiciales, conciliaciones y arbitrajes, así como contar con la trazabilidad de esa gestión.
4. Permite trabajo colaborativo y la coordinación de la defensa entre entidades.
5. Proporciona herramientas de analítica para conocer el pasado (el mapa de litigiosidad activa y terminada), el presente (datos para decidir sobre la estrategia de litigio) y el futuro (predecir el resultado de los procesos que están activos)
La Comunidad Jurídica del Conocimiento busca fortalecer las competencias de los abogados defensores del Estado y consolidar una red de buenas prácticas para mejorar la calidad del litigio público del país.
El Diplomado en Gerencia Jurídica Pública es una certificación de 120 horas emitidas por la Escuela de Administración Pública – ESAP. A través de esta iniciativa de educación no formal, las personas que hacen parte del Sistema de Defensa Jurídica del Estado pueden actualizar y fortalecer sus conocimientos y competencias.
Los contenidos se enfocan en todas las etapas del ciclo de defensa jurídica del Estado, además de incluir contenidos transversales para mejorar las capacidades gerenciales y entender los retos actuales.
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La importancia de la prevención radica en conocer de antemano las causas que pueden llevar a que una entidad del Estado cause daño, perjuicio y/o riesgo. El incremento litigioso de las entidades ha llevado a la necesidad de anticiparse a la ocurrencia de daños antijurídicos y riesgos de demandas
a través de la formulación e implementación de políticas de prevención. Para tal fin, las entidades deben identificar los eventuales hechos que causan daños antijurídicos y adoptar las medidas adecuadas para evitar su ocurrencia o mitigar sus consecuencias.
La disminución de la litigiosidad sólo se logra con el compromiso permanente de identificar los hechos que generan daños y plantear las alternativas de solución mediante un trabajo de mejora continua y de gestión de calidad.
Las entidades públicas del orden territorial para formular sus políticas de prevención deben hacer uso de la siguiente herramienta:
Lineamiento para prevenir la configuración del contrato realidad.
Lineamientos y recomendaciones para prevenir o mitigar el desequilibrio económico en el contrato de obra pública.
Lineamiento para la prevención del daño antijurídico derivado de la ilegalidad del acto administrativo que adjudica contrato.
Lineamientos para la gestión óptima de peticiones en la prevención del daño antijurídico.
Recomendaciones para garantizar derechos al trabajo y vivienda cuando se adoptan medidas de recuperación de espacio público.
Lineamientos frente a violaciones de derechos a personas defensoras de derechos humanos.
Lineamiento en casos de daños causados por la Fuerza Pública en manifestaciones o protestas sociales.
Lineamientos y recomendaciones en materia de responsabilidad penal por daños al medio ambiente.
Lineamientos para la prevención del daño antijurídico y el litigio en materia de consulta previa, con énfasis en proyectos mineros y energéticos.
La gestión extrajudicial es el conjunto de acciones, actividades, estrategias y/o herramientas adoptadas para fomentar la utilización de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos...
Lineamientos para la solución temprana de conflictos entre entidades públicas.
Lineamiento sobre el uso adecuado del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
La Gestión de la defensa judicial se refiere al conjunto de acciones, actividades, estrategias y/o herramientas utilizadas en el marco de procesos judiciales o arbitrales en pro de proteger los intereses litigiosos del Estado.
Lineamientos sobre el uso adecuado de la prueba pericial.
Lineamientos y recomendaciones para la expedición del acto administrativo que declara la insubsistencia de funcionario en provisionalidad.
Lineamiento para la prevención del daño antijuridico generado por ilegalidad del acto administrativo que declara insubsistente a funcionarios(as) de libre nombramiento y remoción.
Lineamiento sobre buenas prácticas en las comunicaciones y notificaciones de las actuaciones administrativas.
Lineamientos y recomendaciones para fortalecer las buenas prácticas el uso de la prueba testimonial.
Lineamiento y recomendaciones para fortalecer las buenas prácticas en el uso de la prueba documental.
Lineamientos sobre el uso adecuado de la prueba pericial.
Lineamiento sobre uso adecuado y eficiente de los mensajes de datos como medio de prueba.
Lineamiento sobre el uso adecuado del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.
Lineamiento sobre el uso adecuado de poderes en actuaciones administrativas en procesos judiciales y arbitrales.
Lineamiento con recomendaciones para el ejercicio de una representación judicial respetuosa de los derechos humanos.
Lineamiento para garantizar la defensa de los intereses litigiosos del Estado cuando se condena en costas o se reconocen a su favor.
Lineamiento sobre buenas prácticas en la defensa del Estado en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho.
Lineamiento para el uso adecuado del llamamiento en garantía con fines de repetición y el medio de control de repetición.
La Gestión del cumplimiento de créditos judiciales comprende las acciones, actividades, estrategias y/o herramientas encaminadas a hacer efectivas, de manera oportuna, las órdenes que se profieran a cargo del Estado y a la satisfacción de los compromisos adquiridos en las conciliaciones.
La Gestión de los mecanismos para la protección y recuperación del patrimonio público agrupa las acciones, actividades, estrategias y/o herramientas para la recuperación de dineros públicos por la vía de la acción de repetición y/o llamamiento en garantía con fines de repetición, cuando a ello haya lugar.
Lineamiento para el uso adecuado del llamamiento en garantía con fines de repetición y el medio de control de repetición.
Ver video - ¿Qué es una Política de Prevención del Daño Antijurídico - PPDA?
Guía de las PPDA
Aplicativo_PPDA_entes_territoriales