La República de Colombia suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo el contrato de crédito N°2755-OC/CO con el objetivo de Mejorar la efectividad de la gestión de la defensa jurídica del Estado para disminuir los pagos por fallos desfavorables.
Son US$ 10.000.000 para ser ejecutados hasta el 30 de noviembre de 2016. El contrato se suscribió el 30 de noviembre de 2012. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado es el organismo ejecutor desde el 12 de septiembre de 2013 y el programa no tiene contrapartida.
La gestión de la defensa jurídica del Estado es un tema de insistente preocupación en Colombia y desde el año 2000 se viene discutiendo la necesidad de contar con una política pública orientada a: (i) identificar y controlar los procesos que se adelantan contra la Nación; (ii) Disponer de información sistematizada, oportuna y confiable; iii) unificar las estrategias de defensa; y (iv) determinar los criterios de actuación, seguimiento y responsabilidades en las entidades que tienen a su cargo la defensa del Estado. Al tiempo se advierte la necesidad de desarrollar una institucionalidad coherente y eficiente para atender la defensa de los intereses estatales. Fueron estos los fundamentos que se tuvieron en cuenta tanto por parte del Gobierno Nacional, como del Congreso de la República para solicitar el concurso de la banca multilateral en este propósito de modernización del Estado, el cual se materializó en el crédito referido.
Para dar cumplimiento al Programa de Fortalecimiento a la Defensa Jurídica del Estado, durante la vigencia 2014 se tiene proyectado iniciar la ejecución de las actividades por proyectos, para ello se cuenta con un presupuesto de inversión de $ 3.178.000.000.oo que han sido distribuidos en los distintos procesos que atenderán las obligaciones establecidas en el contrato de crédito.
Las actividades definidas, contribuirán a cumplir las metas al final del programa, que se deben traducir en mejorar la efectividad de la gestión y defensa jurídica del Estado y presentar al país entre otros, los siguientes resultados: i) Un incremento en las sentencias en la última instancia a favor de la Nación sobre el total de sentencias en procesos contra la Nación; ii) Un incremento en el número de conciliaciones sobre el total de solicitudes de conciliación. Así mismo, se espera mejorar el impacto fiscal de las acciones de defensa legal de la Nación.
El proyecto tiene un inmenso reto y es posicionar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como el organismo que debe establecer un modelo de atención jurídica estandarizado
para todas las entidades públicas, con estrategias de defensa definidas, que se reflejen en la disminución del impacto fiscal que hoy presenta la atención a los asuntos litigiosos del Estado.
Procesos de Contratación
